La reciente decisión del gobierno chileno de no cerrar el Penal Punta Peuco ha provocado un amplio debate y ha desatado controversias entre diversos sectores políticos del país. En un documento oficial remitido desde el Ministerio de Justicia a parlamentarios oficialistas, se desestimó el cierre de Punta Peuco, un penitenciario que alberga a militares jubilados y ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad.
La propuesta de cierre de este recinto penitenciario ha sido objeto de discusión en múltiples ocasiones. El primer año de gobierno de Gabriel Boric casi vio el anuncio de su clausura, una idea que había estado en discusión desde la campaña presidencial del frenteamplista.
Sin embargo, el actual Ministro de Justicia, Luis Cordero, ha sostenido que la crisis carcelaria en el país no permite el cierre de ninguna prisión, incluyendo Punta Peuco, que ha alojado a ex militares desde 1995. La decisión del Ministerio de Justicia ha generado reacciones adversas en sectores oficialistas que habían estado promoviendo la iniciativa como parte de su lucha por los derechos humanos. Estos sectores han cuestionado los argumentos del ministro y han instado al gobierno a «cumplir con la deuda pendiente de justicia».
Además, el Ministro de Justicia también descartó la idea de adaptar Punta Peuco para albergar a internas embarazadas o con hijos, en respuesta a tres solicitudes de acuerdo enviadas por la Cámara de Diputados que proponían cambiar el uso del recinto ubicado en la comuna de Til Til, a 64 km de Santiago.
Varios legisladores de partidos de oposición han respaldado la decisión del gobierno de no cerrar el penal, subrayando la crisis carcelaria manifestada por el aumento de la población penal en las cárceles del país. La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, ha dicho que esta decisión «responde a la realidad», especificando que Chile «necesita más recintos penitenciarios, no menos ni cerrar los que tenemos».
Flores también criticó la idea de que Punta Peuco está lleno de privilegios y argumentó que el penal no está preparado para albergar a otro tipo de reclusos debido a problemas de conectividad, tiempos de traslado en caso de emergencia de salud, acceso a agua potable y otras complicaciones.
En una línea similar, el diputado Jorge Durán se refirió a la sobrepoblación penal existente, asegurando que «cerrar recintos penitenciarios es la peor propuesta que alguien podría hacer».
Por otro lado, la diputada Karen Medina manifestó su desacuerdo con el cierre de recintos penitenciarios, pero se mostró a favor de modificar Punta Peuco para albergar a «otro tipo de presos».
Natalia Romero, diputada independiente de la UDI, argumentó que la discusión sobre el traslado de mujeres embarazadas o madres cuidadoras dentro de las cárceles debería centrarse en la creación de un recinto que proporcionara seguridad, espacios para los menores y actividades de reinserción.
Marlene Pérez, diputada independiente de la UDI, pidió que se centren en la construcción de nuevas prisiones con mejores estándares y módulos especiales para internas embarazadas o con hijos. En resumen, la negativa del gobierno a cerrar Punta Peuco ha provocado una variedad de respuestas y ha centrado la atención en la crisis carcelaria en curso en Chile.
