El 10 de junio, la Fiscal Regional Metropolitana Oriente Lorena Parra envió un “requerimiento de información” al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda Carlos Pavez, centrado en los denominados “Pandora Papers”. Este conjunto de documentos filtrados, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, contienen detalles sobre el uso de empresas fantasma y cuentas offshore por parte de figuras políticas y empresariales notables en todo el mundo.
El requerimiento de la Fiscal Parra se realizó en el contexto de la investigación al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, quien está bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional después de pasar 50 días en prisión preventiva.
El Ministerio Público formuló cargos contra Muñoz por revelación de secretos al abogado Luis Hermosilla, bajo la ley de lavado de activos y la de deber de reserva de los funcionarios públicos, en cinco causas. Una de estas causas involucra a su predecesor en la PDI, Héctor Espinosa, representado por Hermosilla en una causa por malversación y lavado de activos.
Además de la causa de Espinosa, Hermosilla estuvo vinculado en otras cuatro causas donde no tenía patrocinio. Estas incluyen el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, el del exintendente metropolitano, Felipe Guevara, la minera Dominga, y el casino Enjoy.
La revelación de secretos fue establecida después de que el OS-7 de Carabineros allanara la oficina de Hermosilla en Vitacura el 16 de noviembre de 2023 e incautara su iPhone 14 Pro Max. En ese contexto, Hermosilla está imputado por lavado de activos, según confirmó el fiscal nacional Ángel Valencia en abril.
Los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Muñoz y Hermosilla revelaron el intercambio de información en las cinco causas por las que se formularon cargos al exdirector de la PDI. También se descubrió otra arista vinculada con los «Pandora Papers», que revelaron las cuentas en paraísos fiscales de líderes políticos y empresarios de 91 países.
En octubre de 2021, el entonces fiscal nacional Jorge Abbott ordenó abrir una nueva investigación sobre la compraventa de la minera Dominga entre el empresario Carlos Délano y la familia Piñera Morel, que se realizó en parte en las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, en enero de este año, un mes antes de la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero, la fiscalía cerró el caso y solicitó su sobreseimiento definitivo.
El requerimiento a la UAF de la fiscal Parra incluyó cinco peticiones que solicitó responder a través del sistema Hermes de comunicación segura. Estas peticiones buscaban determinar si la fiscal panameña Lizzie Marelis Bonilla, que indagó los ‘Pandora Papers’ en su país, solicitó antecedentes a Chile sobre este caso en los años 2021 y 2022.
En un mensaje de WhatsApp enviado por Muñoz a Hermosilla en enero de 2022, Muñoz reveló que existía un requerimiento emitido por el Ministerio Público panameño en relación con la publicación de los ‘Pandora Papers’ y un presunto delito de lavado de activos.
Finalmente, una publicación de CiperChile en mayo de este año reveló estos mensajes de WhatsApp y consultó a la fiscalía panameña, que respondió que el caso había sido cerrado porque la investigación no determinó la ocurrencia de algún delito en su país.
