El debate se ha desatado en la Cámara de Diputados de Chile después de que un grupo de diputados de la oposición presentara una solicitud para remover a la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y al consejero, Francisco Ugás. La acusación se basa en la supuesta «negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones».
La solicitud, que será sometida a votación mañana en el hemiciclo, requiere del voto favorable de la mayoría de los diputados presentes para ser aprobada. Se trata de una votación simple en la que los diputados Jorge Guzmán (EVO), Jorge Alessandri (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Felipe Donoso (UDI), Henry Leal (UDI), Natalia Romero (IND-UDI), Jorge Rathberg (RN), Camila Flores (RN), Miguel Ángel Becker (RN) y Hugo Rey (RN) son los firmantes de la solicitud.
En caso de ser aprobada, la solicitud será remitida a la Corte Suprema con la firma de la Presidenta de la Corporación, Karol Cariola (PC), y el secretario General de la Corporación, Miguel Landeros. Es importante recordar que los consejeros sólo pueden ser removidos por la Corte Suprema, ya sea a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados.
El siguiente paso será que la Corte Suprema conozca del asunto en un pleno especialmente convocado para este propósito. Para que se acuerde la remoción, será necesario el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
Los legisladores que impulsan la remoción de Contreras y Ugás argumentan que ambos habrían actuado «fuera del margen de la ley». Según ellos, Contreras y Ugás habrían excedido las atribuciones que el ordenamiento jurídico chileno les otorga en materia de intervención judicial y habrían violado el deber de imparcialidad inherente a la fundación del INDH.
El caso de Contreras y Ugás pone una vez más en el centro de la atención pública el papel del INDH en la sociedad chilena. Si bien el Instituto fue creado con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos en Chile, en los últimos años ha sido objeto de diversas críticas y controversias, tanto desde el gobierno como desde distintos sectores de la sociedad.
La posible remoción de Contreras y Ugás podría tener importantes repercusiones en el funcionamiento del INDH y en la defensa de los derechos humanos en Chile. Sin embargo, también hay quienes consideran que la situación podría ser una oportunidad para llevar a cabo una reforma integral del organismo y fortalecer su rol en la protección de los derechos fundamentales.
En este sentido, es importante señalar que el caso de Contreras y Ugás no es el primero de este tipo en la historia reciente de Chile. En el pasado, otros altos funcionarios del INDH también han sido objeto de acusaciones similares, aunque en la mayoría de los casos estas no han prosperado.
La decisión final sobre el futuro de Contreras y Ugás estará en manos de la Corte Suprema, que será la encargada de evaluar las pruebas presentadas por los diputados y tomar una decisión. Mientras tanto, la sociedad chilena sigue atenta al desarrollo de los hechos y a las posibles implicaciones que estos puedan tener en la defensa y promoción de los derechos humanos en el país.
