El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una declaración en la que califica la detención del fundador y director de El Periódico en Guatemala, José Rubén Zamora, como «arbitraria». La ONU exige su inmediata liberación después de que Zamora pasara 703 días en prisión preventiva bajo cargos de lavado de dinero, conspiración para obstruir la justicia y uso de documentos falsificados en tres causas judiciales en su contra.
La ONU considera que la detención de Zamora «contraviene» seis artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se insta al Gobierno de Guatemala a «adoptar medidas necesarias» para resolver la situación del periodista y ajustarla a las normas internacionales pertinentes.
El mencionado Grupo de Trabajo sostiene que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el «remedio adecuado» sería liberar a Zamora y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.
Además, insta al Gobierno de Bernardo Arévalo a llevar a cabo una investigación «exhaustiva e independiente» de las circunstancias en torno a la privación «arbitraria» de la libertad del periodista guatemalteco desde el 29 de julio de 2022 y adoptar las medidas «pertinentes» contra los responsables de la violación de sus derechos.
La ONU considera arbitraria la privación de libertad de una persona cuando es «manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique» y cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Para elaborar este informe, la ONU se basó en una «fuente» que considera que Zamora «ha sido encausado penalmente por el ejercicio de la libertad de expresión». La misma fuente cita una declaración del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, en la que menciona que «Zamora dirigía un medio de comunicación a través del cual se denigraba, se insultaba en su honor y en su prestigio a fiscales, jueces, magistrados y diversas personas de la sociedad civil».
Según la fuente, desde 1996, El Periódico publicó casos de corrupción, impunidad y abusos de poder, de manera que las informaciones de Zamora y este medio de comunicación «evidenciaron cientos de actos de corrupción en los diferentes Gobiernos de Guatemala entre 2012 y 2023».
El Grupo de Trabajo sostiene que las publicaciones de Zamora sobre casos de corrupción «entran dentro de los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto». Recordó que, cinco días antes de la detención, El Periódico publicó «graves denuncias de casos de corrupción» en el Gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei y otros altos cargos vinculados a su administración.
En consecuencia, el Grupo de Trabajo concluye que la detención de Zamora, que a la fecha sigue siendo preventiva, «se debió a su ejercicio de la libertad de expresión y opinión a través de la prensa» y recalca que «no se ha demostrado» que los comentarios del periodista «constituyan una incitación a la violencia» o que puedan justificar su detención.
Sobre esa base, concluye que su arresto y detención «fueron resultado de su ejercicio de los derechos y libertades garantizados por los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto», por lo que defiende que «no debería celebrarse ningún juicio» en contra de Zamora.
El pasado 25 de junio, la Sala Segunda de Apelaciones, a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), revocó la libertad otorgada el 15 de mayo al presidente y fundador de El Periódico, por un caso de lavado de dinero y otros activos, denominado Chantaje, Impunidad y Lavado de dinero.
En un video publicado en las redes sociales del Ministerio Público, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, incluido en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos, informó que la Fiscalía fue notificada por la Sala Segunda de Apelaciones que resolvió revocar las medidas sustitutivas que beneficiaban a Zamora, quien, no obstante, continuaba recluido en la cárcel militar de Mariscal Zavala por otra causa judicial en su contra en la que la Fiscalía lo acusa de conspiración para la obstrucción de la justicia y uso de documentos falsificados.
La jueza presidenta del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Verónica Ruiz, había decretado para el periodista en la primera causa el arresto domiciliario tras pagar una fianza de 30.000 quetzales (3.750 euros), al considerar que no existe peligro de fuga ni de obstaculización a la averiguación de la verdad. También le prohibió salir del país y le obligó a firmar periódicamente un libro de asistencia en el Ministerio Público, mientras que no podrá comunicarse con implicados en el caso.
Esta resolución fue impugnada por la FECI ante la Sala Segunda de Apelaciones que ha dado la razón a la Fiscalía y, por tanto, Zamora continuará también en prisión preventiva por la causa que se sigue en su contra por lavado de dinero y otros activos.
En octubre del pasado año, la Sala Segunda de Apelaciones anuló la sentencia emitida el 14 de junio de 2023 por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal de Guatemala, que lo condenó a seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero y otros activos, mientras que lo absolvió de los delitos de tráfico de influencias y chantaje al considerar que no habían podido ser acreditados por la Fiscalía, quien pedía para él una pena de 40 años de cárcel.
De este modo, la Sala Segunda ordenó repetir el juicio contra el periodista por unas supuestas acciones para que el ex directivo del Banco de los Trabajadores Ronald García Navarijo recibiera 300.000 quetzales (37.500 euros) y éste, a su vez, le consiguiera un cheque por la misma cantidad económica para depositarlo en una cuenta de Aldea Global S.A. de la cual el dueño de El Periódico era representante legal «y así poder disponer de ese dinero cuyo origen es ilícito».
Por tanto, Zamora seguirá en prisión preventiva por esta causa a la espera de que se celebre el juicio, al igual que sucede en la segunda causa en la que la Fiscalía le acusa de haber desviado una investigación por lavado de dinero de 700.000 quetzales (87.500 euros) en el año 2013.
Además, es acusado en una tercera causa judicial de haber falsificado la firma en 16 boletas de declaración jurada aduanera que fueron entregadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora durante viajes realizados entre 2015 y 2017 y, según el Ministerio Público, las firmas no coinciden con la del periodista, quien guarda prisión preventiva en la cárcel desde que fue detenido el 29 de julio de 2022 en su domicilio, tras un allanamiento a la sede del rotativo que publicó su última edición el pasado 15 de mayo de 2023.
Zamora, de 67 años y lleva más de 700 días en prisión preventiva, fundó en 1996 El Periódico, que publicó su última edición el pasado 15 de mayo de 2023. Sus trabajos de investigación publicados en este medio de comunicación, le hicieron ganar en 2021 el Premio Rey de España al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, mientras que el pasado mes de mayo, resultó ganador del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2024 por sus «más de tres décadas de tenaz y valiente trabajo profesional».
