El pasado cinco de junio, en el sitio eriazo de Lo Echevers, en la comuna de Lampa, fueron encontrados dos cuerpos con más de seis impactos de bala en el abdomen y rostro. Se trataba de los cadáveres de dos jóvenes venezolanos, Junior y Klivert, de 20 años, quienes eran testigos protegidos en un caso reservado del Ministerio Público contra el crimen organizado.
Esta escalofriante escena fue descrita por un testigo a T13, quien relató que los jóvenes fueron bajados de un vehículo, se les permitió correr y luego fueron disparados. La velocidad y brutalidad del ataque dejaron poco lugar a dudas sobre la intención de los perpetradores.
Lamentablemente, estas ejecuciones no son casos aislados. En los últimos meses, ya suman tres los testigos protegidos, vinculados a causas de crimen organizado extranjero, ejecutados. Esta alarmante situación ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del Ministerio Público en la protección de sus testigos.
Alicia Díaz, jefa de la División de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, se ha mostrado reacia a proporcionar detalles sobre los errores que permitieron la ejecución de estos testigos protegidos. Según Díaz, las medidas de protección y los procesos que llevaron a la vulneración de la protección de estos testigos están bajo reserva, y hablar de ellos podría comprometer la seguridad de otros testigos protegidos.
Junior y Klivert se unen a la lista de testigos asesinados, que también incluye a Mayra, otra joven venezolana que fue asesinada en un servicentro de Ovalle en marzo pasado. Mayra colaboraba con la justicia para detener a miembros del Tren de Aragua en la zona.
Según los datos, el Ministerio Público destina 5.500 millones de pesos a la protección de víctimas y testigos, lo que se traduce en 420 mil pesos para el resguardo de cada testigo protegido. Sin embargo, estos hechos ponen en duda la eficacia de estas medidas de protección.
Alicia Díaz ha intentado restar importancia a estos hechos, alegando que, aunque no hay datos oficiales sobre el número de homicidios de colaboradores de la Fiscalía, este número sería «muy menor». Según Díaz, el año pasado tuvieron más de 13 mil testigos con protección y no hubo ninguna persona que falleciera en el proceso penal.
Estos hechos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los testigos protegidos en casos de crimen organizado, y plantean serias interrogantes sobre la eficacia de los programas de protección de testigos en el país. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Díaz, la realidad parece sugerir que estos testigos están en grave peligro, y que las medidas de protección actuales pueden no ser suficientes para garantizar su seguridad.
El crimen organizado es una amenaza para la seguridad de la sociedad en general, y en particular para aquellos que se atreven a hablar en contra de él. La pérdida de estas vidas jóvenes es un golpe para la justicia, y subraya la importancia de proteger a aquellos que están dispuestos a poner en riesgo su vida para ayudar a poner fin a la criminalidad organizada.
El asesinato de Junior, Klivert y Mayra es un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan los testigos protegidos, y una llamada a la acción para garantizar que se les proporciona la protección adecuada. Es fundamental que el Ministerio Público haga todo lo posible para garantizar la seguridad de estos valientes testigos y para mantener su confianza en el sistema de justicia.
En resumen, la protección de los testigos en casos de crimen organizado es un asunto de vital importancia que requiere una atención constante y medidas efectivas. La vida de estos testigos está en juego, y su seguridad es fundamental para el éxito de la lucha contra la criminalidad organizada.
La muerte de estos jóvenes es una tragedia, y también una llamada a la acción. Es hora de que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los testigos protegidos y para garantizar que su valiente contribución a la justicia no sea en vano.
