En un desarrollo significativo en el panorama penitenciario de Chile, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, ha presentado una postura oficial sobre el futuro del controvertido recinto penitenciario de Punta Peuco. En un oficio enviado a parlamentarios, Cordero ha expresado que no se cerrará Punta Peuco, una decisión que está generando múltiples reacciones.
La información, revelada por el vespertino La Segunda, se produce en medio de un creciente debate sobre el trato a los presos de Punta Peuco, todos antiguos miembros de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. Algunos de estos delitos incluyen asesinatos, desapariciones, torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad.
El ministro Cordero argumentó que, a la luz de la sobrepoblación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país, no es conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre recintos penales. En otras palabras, Cordero sostiene que mantener a los exuniformados en Punta Peuco es la opción más viable en las circunstancias actuales.
Esta decisión va en contra de una propuesta presentada por algunos parlamentarios. Este grupo de diputadas y diputados había sugerido que el recinto de Punta Peuco debía ser destinado a reclusas embarazadas o madres de hijas e hijos pequeños. Esta propuesta fue impulsada por la percepción de que las condiciones en Punta Peuco son más humanas y adecuadas que en otros establecimientos penales.
Sin embargo, en su oficio, Cordero refutó esta propuesta argumentando que la ubicación geográfica de Punta Peuco no lo hace un lugar idóneo para la custodia de mujeres embarazadas y/o que permanezcan al cuidado de sus hijos lactantes. Cordero no proporcionó más detalles sobre por qué la ubicación de Punta Peuco sería un impedimento para albergar a este grupo de reclusas.
La noticia sobre la decisión de no cerrar Punta Peuco ha provocado reacciones variadas. Para algunos, esta decisión es un paso positivo hacia la gestión de la sobrepoblación penitenciaria y un reconocimiento del papel que Punta Peuco puede desempeñar en este sentido. Pero para otros, es una negación de la justicia y el cambio, particularmente en lo que respecta a las condiciones de las reclusas embarazadas y madres de hijas e hijos pequeños.
En resumen, la decisión sobre Punta Peuco pone de manifiesto las complejidades y los desafíos del sistema penal de Chile. Mientras que el Ministro Cordero ve en Punta Peuco una solución a la sobrepoblación penitenciaria, otros ven una oportunidad perdida para mejorar la vida de las reclusas embarazadas y madres. Pero, sin duda, esta decisión marca un capítulo importante en la historia de Punta Peuco y en el debate más amplio sobre la justicia penal y los derechos humanos en Chile.
