El Gobierno lanza su ‘app’ anti-porno, exigiendo a los adultos obtener certificaciones mensuales | Tecnología

EL PAÍS

El Gobierno español ha presentado recientemente el diseño de una innovadora aplicación, llamada Cartera Digital Beta, que permitirá a las plataformas y sitios web garantizar que solo los adultos consuman contenido inapropiado. Esta herramienta de vanguardia se espera que esté disponible al final del verano, según la directora general de Gobernanza del Ministerio de Transformación Digital, Carmen Cabanillas.

La aplicación, de funcionamiento complejo, permitirá a las plataformas llamar y verificar la mayoría de edad de un usuario antes de que este emita o consuma contenido para adultos. La verificación de la mayoría de edad se realizará mediante el DNI electrónico del usuario o a través de la consulta de fuentes administrativas por parte del Gobierno. Una vez verificada la mayoría de edad, la plataforma ofrecerá un código QR para que el usuario proporcione evidencia de su mayoría de edad.

Para garantizar la seguridad, las credenciales emitidas por la aplicación tendrán un número limitado y una caducidad. Cabanillas explicó que se emitirá un pack de credenciales de mayoría de edad para evitar que alguien rastree a la persona que está usando dicha credencial. Inicialmente, se emitirá un juego de 30 credenciales que tendrán una caducidad de 30 días.

La aplicación permite a los usuarios solicitar más credenciales en caso de agotar las 30 iniciales. Sin embargo, se ha establecido un límite de uso de la misma credencial en cada plataforma para minimizar el riesgo y garantizar la no trazabilidad del usuario.

Esta iniciativa es una propuesta pionera de España para anticiparse a la obligación que la Unión Europea impondrá a las plataformas en octubre de 2027 de cumplir con el requisito de la mayoría de edad para consumir contenidos inapropiados. El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, expresó su esperanza de obtener la «buena voluntad» de las plataformas y señaló que éstas tendrán que incorporar estas soluciones.

Escrivá subrayó el «grave problema» de la protección del menor y el acceso a contenido pornográfico en internet, y mencionó que esta solución está enmarcada en un contexto más amplio de protección del menor. El aumento de las agresiones sexuales a menores en los últimos cinco años ha aumentado la preocupación del Gobierno, y se considera que el consumo de porno en internet podría ser una de las causas.

El desarrollo de una solución tecnológica para determinar la edad de quien accede a una página web es un desafío complejo que varios países han intentado resolver sin éxito. Además de los retos técnicos, requiere la colaboración de las administraciones públicas, las familias y todos los actores en el mundo digital.

El Gobierno español también está trabajando en la creación de una «lista negra» de páginas a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Esta lista servirá para que los navegadores controlen el acceso en base a las urls y eviten el acceso para menores.

Sin embargo, la efectividad de estas soluciones se ve amenazada por tecnologías como las VPN, que permiten a los usuarios conectarse a internet desde otro país y eludir los controles españoles. A pesar de esto, el Gobierno sostiene que estas medidas son las más necesarias y eficaces para abordar este problema.

Este plan gubernamental se anunció por primera vez en enero de este año como parte de sus esfuerzos para combatir el acceso infantil a la pornografía en internet. La herramienta de identificación de acceso a páginas pornográficas fue anunciada por la Agencia Española de Protección de Datos en diciembre, en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

El reto de controlar la edad para acceder a contenido adulto es una batalla global. En EE. UU, varios estados han intentado que las páginas pornográficas controlen quién accede a ellas, con poco éxito. En Europa, Alemania, Reino Unido y Francia han probado varios métodos para limitar el acceso, en lo que parece ser una carrera constante de gatos y ratones. Sin embargo, todos estos intentos plantean desafíos en términos de privacidad y costes de implementación.

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