La responsabilidad familiar es un tema que no siempre se maneja de la mejor manera. En ocasiones, el padre o madre de un menor no cumple con dicha responsabilidad, especialmente en términos económicos. Cuando se agota la vía de conciliación o diálogo, se vuelve necesario establecer de manera legal el monto de una pensión a través de una demanda de alimentos.
Este proceso puede ser complicado y agobiante para ambas partes, pero especialmente para la parte que está luchando por recibir el apoyo financiero necesario para sus hijos. Por lo general, los procesos de alimentos llegan a instancias judiciales cuando la persona obligada, ya sea el padre o la madre, no brinda un sustento económico a sus hijos y se desconoce su paradero, o si esta persona trabaja o cuenta con dinero.
Un aspecto que se debe entender claramente es qué comprende la pensión de alimentos para un hijo. Según la abogada especialista en Derecho de Familia del Estudio Fuentes, Sofía Chávez Holguín, una pensión de alimentos debe cubrir varios gastos, dependiendo de la situación familiar y las posibilidades del obligado. Estos gastos incluyen la alimentación, habitación o vivienda, vestimenta, educación, recreación, y asistencia médica y psicológica.
En este contexto, es esencial mencionar la ley Nº 32006, que entró en vigor el 6 de junio del 2024. Esta ley es conocida como la “Ley que modifica el Código Procesal Civil, respecto al acceso de oficio a información en línea sobre la capacidad económica del demandado”.
La abogada Chávez explica que esta norma facilita y agiliza los procesos de alimentos. Con ella, los jueces pueden acceder en línea y en tiempo real a la información bancaria y financiera, de trabajo o carga familiar de los demandados. Es decir, se puede realizar un levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y cantidad de bienes, pero no solo eso, también se podrá conocer las remuneraciones, gratificaciones, vacaciones que provengan de la relación laboral del obligado.
La norma también dispone que varias entidades, como la Sunat, SBS, el Ministerios de Trabajo, Sunarp, entre otras, establezcan una plataforma de acceso a todos los jueces que les permita conocer sobre la capacidad económica del demandado.
La implementación de esta ley es un avance significativo en la protección de los derechos de los niños y su bienestar. Al permitir a los jueces tener un acceso completo y transparente a la información financiera de los demandados, se asegura que se tome una decisión justa y equitativa con respecto a la pensión alimenticia.
En este escenario, es esencial que los padres comprendan la importancia de su responsabilidad financiera para con sus hijos. La pensión alimenticia no es solo una obligación legal, sino también moral. Los niños tienen derecho a recibir el apoyo financiero necesario para su crecimiento y desarrollo, y los padres deben hacer todo lo posible para garantizar que se respete este derecho.
Además, es fundamental que los padres sepan que la pensión alimenticia no es solo para cubrir las necesidades básicas de los niños, como la alimentación y la vivienda. También debe cubrir otros aspectos importantes de su vida, como la educación, la recreación y la asistencia médica y psicológica. Estos son elementos clave para garantizar que los niños crezcan de manera saludable y feliz.
La entrada en vigor de la ley Nº 32006 es un paso importante en la dirección correcta para garantizar que los padres cumplan con su responsabilidad financiera para con sus hijos. Al proporcionar a los jueces la información necesaria para tomar decisiones justas y equitativas, se espera que se pueda proteger mejor el bienestar y los derechos de los niños.
