En un reciente giro de acontecimientos en la política argentina, Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad de Javier Milei, ha presentado una nueva propuesta de ley llamativa y controvertida. Bullrich, quien fracasó en su intento de acceder a la presidencia de Argentina, es conocida por su eslogan recurrente: «El que las hace, las paga.» Ahora, como ministra de Seguridad, Bullrich aboga por otro lema complementario: «delito de adulto, pena de adulto». Esta frase se utiliza para respaldar el nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo reducir la edad de imputabilidad a 13 años en Argentina.
Durante la presentación del proyecto, Bullrich declaró: «Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia.» Estuvo acompañada por el ministro de Justicia, Mariano Cneo Libarona.
Bullrich ha sido un emblema de la ‘mano dura’ contra la criminalidad en Argentina, algo que demostró durante su mandato como ministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019). Aunque en los años 70 fue militante de la izquierda juvenil del peronismo, con el tiempo, Bullrich se ha movido políticamente hacia la derecha. Antes de anunciar la reducción de la edad de imputabilidad, la ministra viajó a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele y conocer su estrategia en la notable reducción de los índices de criminalidad en el país centroamericano.
El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, respaldó la propuesta de ley, argumentando: «Si los menores pueden tomar decisiones como adultos es razonable que también paguen las consecuencias de sus hechos como adultos.»
La nueva Ley Penal juvenil busca combatir un fenómeno real, el de los delincuentes jóvenes que, protegidos por la ley, saben que no terminarán en una cárcel. Sin embargo, varias organizaciones de derechos civiles argumentan que la cantidad de jóvenes menores de 16 años que cometen delitos es relativamente escasa.
El ministro Cneo Libarona, respaldando el nuevo proyecto, señaló: «A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas.»
Los ministros también destacaron cómo el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal. Actualmente, la edad de imputabilidad en Argentina se establece a los 16 años, igual que en Cuba. Sin embargo, países como Chile y Perú la han fijado en 14 años, mientras que Brasil y México la han establecido en 12 años.
Bullrich aseguró que la nueva ley es fundamental para el desarrollo sostenible y la cohesión social de la nación. Sin embargo, el proyecto ha recibido críticas. Según el periódico de izquierdas Página 12, el proyecto incluso permite investigar a niños menores de 13 años.
Mara Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los derechos de los nios, nias y adolescentes y actual vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), criticó la iniciativa de Bullrich y Cneo Libarona, calificándola de ideología profundamente conservadora que recurre a la solución más fácil, la mano dura. Añadió que la ley coloca al sector más vulnerable de la población como el más débil en una cadena de pobreza y marginación, y refutó la idea de que los crímenes cometidos por menores de 16 años representan un problema significativo en Argentina, señalando que representan menos del 10% del total de homicidios.
