La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha emitido un amparo provisional a favor del abogado Roberto Antonio Cano, instando al presidente del país, Bernardo Arvalo, y al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a proteger «los valores espirituales y morales de la sociedad, en especial de los niños, niñas y adolescentes» durante el desfile de la diversidad sexual que se celebrará este sábado en la Ciudad de Guatemala.
El amparo fue otorgado en respuesta a la denuncia presentada por Cano, quien alegó que el desfile LGTBIQ+ en cuestión, programado para llevarse a cabo en la mañana de este sábado, expondría a niños y adolescentes a «escenas inmorales, sexuales y depravadas» que podrían hipersexualizarlos prematuramente y afectar negativamente su estabilidad emocional y psicológica. Cano había pedido que el evento fuera cancelado.
Esta decisión del máximo órgano judicial de Guatemala ha causado controversia, ya que partes conservadoras del país han criticado la participación de menores de 18 años en desfiles de la diversidad sexual, exigiendo la intervención de las autoridades para evitarlo. A raíz de esta decisión, se han reunido diversas personas en la capital del país bajo el lema «lucha frontal de todos los líderes sociales del país» contra la marcha del Orgullo Gay.
La CC ha instado a Arvalo y Jiménez a tener en cuenta la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantizan el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
La corte también ha pedido a los organizadores del desfile que se abstengan de exponer a los niños y adolescentes a situaciones que «de cualquier forma afecten sus derechos, respetando su integridad física, psíquica, moral y espiritual».
En respuesta a esta situación, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha recordado que las restricciones a las reuniones pacíficas para la protección de la «moral» deberían ser «excepcionales» y que no deberían usarse para proteger concepciones de moralidad derivadas exclusivamente de una sola tradición social, filosófica o religiosa.
Los organizadores del desfile han asegurado que no cederán ante los intentos de intimidación y que la marcha seguirá adelante. Han calificado el citado amparo como violatorio de los derechos humanos, ya que estigmatiza, vulnera y discrimina. Además, han pedido a todos los participantes que lleven su documento personal de identificación (DPI) como medida de seguridad adicional.
El Comité Organizador del Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género LGTBIQA+ ha expresado su preocupación por el hecho de que el Estado de Guatemala «no tiene una postura clara a favor de los derechos humanos de todas las personas». Asimismo, han hecho responsables a los magistrados de la CC, al ministro de Gobernación y a los Movimientos Anti Derechos LGTBIQ+ por «cualquier restricción, acción de violencia, asesinatos, persecuciones y violación de derechos humanos».
El Gobierno de Guatemala, por su parte, ha anunciado que «resguardará todo derecho» establecido en su Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, incluyendo el derecho a reunión, a manifestación pacífica, libertad de conciencia, pensamiento y religión. Por esta razón, ha instado a todas las instituciones públicas a «no restringirlos, disminuirlos o coartarlos».
