La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha marcado un hito en la historia judicial del país. En una votación que tuvo lugar el viernes, 28 de junio de 2024, el máximo tribunal del país decidió, por un margen de seis votos contra tres, que acusar a los invasores del Capitolio de obstrucción a la justicia fue inapropiado.
El 6 de enero de 2021, los ojos del mundo se volcaron hacia el Capitolio de Estados Unidos. En ese día, alrededor de 10,000 personas, la mayoría seguidores del ex presidente republicano Donald Trump, marcharon hacia el Capitolio. De ellos, aproximadamente 800 irrumpieron en el edificio mientras se estaba certificando la victoria de Joe Biden. El resultado fue desolador: cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.
A raíz de estos acontecimientos, más de 1,000 personas de prácticamente todos los 50 estados fueron arrestadas por delitos relacionados con el ataque. Más de 350 de ellas fueron imputadas por asalto u obstrucción del cumplimiento de la ley, según datos del Departamento de Justicia.
En este escenario, el Tribunal Supremo se encontró con la tarea de decidir sobre los cargos presentados. La corte concluyó que el Departamento de Justicia se había excedido en sus funciones al acusar a los insurgentes de obstrucción a la justicia.
Esta decisión del Tribunal Supremo tiene profundas implicancias. En primer lugar, establece un precedente para los tribunales inferiores, que ahora aplicarán este estándar y probablemente desestimarán los cargos contra muchos de los acusados.
Además, la corte determinó que se podrían presentar cargos contra los alborotadores si se puede demostrar que intentaban no solo entrar al edificio por la fuerza, sino también impedir la llegada de los certificados que confirmaban los resultados de la elección. Esto significa que el peso de la evidencia y la interpretación de los hechos jugarán un papel clave en futuros litigios.
La decisión del Tribunal Supremo fue redactada por su presidente, John Roberts. En la votación, Roberts fue acompañado por una jueza liberal, Ketanji Brown Jackson, entre otros.
No obstante, hubo voces disidentes en la corte. La jueza Amy Coney Barrett presentó una opinión contraria a la de la mayoría, a la que se unieron las jueces Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
Esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos no solo tiene implicaciones legales y judiciales, sino también políticas y sociales. Cuestiona el papel del Departamento de Justicia, y abre un debate sobre los límites de su poder y su manejo de casos de importancia nacional.
El asalto al Capitolio fue un evento sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Y ahora, la respuesta del sistema judicial a este acontecimiento también está marcando un hito. La decisión del Tribunal Supremo será recordada no solo por su impacto en los acusados, sino también por lo que dice acerca de la justicia, la política y la sociedad en Estados Unidos.
