El sábado 29 de junio de 2024, Juan José Zúñiga, ex comandante destituido del Ejército, junto con otros dos militares, fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro en Bolivia. Los tres están acusados de orquestar un «intento de golpe de Estado» contra el Gobierno del presidente Luis Arce y deberán cumplir prisión preventiva durante su juicio.
Las autoridades llevaron a cabo un fuerte operativo policial para trasladar a Zúñiga y a sus cómplices, Juan Arnez y Edison Irahola, desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el centro de La Paz hasta Chonchocoro, una prisión ubicada a aproximadamente dos horas del centro de la ciudad. Los tres hombres fueron conducidos en vehículos de la Policía Boliviana, seguidos por un convoy de al menos siete vehículos adicionales.
Zúñiga, Arnez y Irahola fueron enviados a prisión preventiva el viernes anterior, acusados de ejecutar un «intento de golpe de Estado». Los cargos en su contra incluyen alzamiento armado y terrorismo, delitos graves que justificaron su traslado a la prisión de máxima seguridad.
El Ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y otras autoridades gubernamentales y de la policía estuvieron presentes en la Felcc para presenciar el traslado de Zúñiga. Mientras el ex comandante destituido era sacado del edificio en esposas, Del Castillo observaba desde el primer piso de la entidad policial.
Zúñiga lideró una acción militar el miércoles anterior, en la que, según él, su objetivo era «cambiar el gabinete de Gobierno» y «restablecer» la democracia en Bolivia. Después de llegar en un tanque al palacio presidencial, tuvo un enfrentamiento con el presidente Arce, quien le ordenó retirar las tanquetas y a los soldados que lo acompañaban en la irrupción militar.
Además de Zúñiga, Arnez e Irahola, 14 militares más fueron detenidos por su participación en el «intento de golpe de Estado». Sin embargo, no se ha dado a conocer si estos militares también serán trasladados a la prisión de Chonchocoro.
El intento de golpe de Estado y la posterior detención de los militares involucrados, incluyendo a un excomandante del Ejército, representan un serio desafío para el Gobierno del presidente Arce. Estos sucesos también ponen de manifiesto las tensiones existentes en Bolivia, un país con una historia reciente marcada por la inestabilidad política.
El presidente Arce, quien asumió el cargo en noviembre de 2020 tras la renuncia forzada de su predecesor, Evo Morales, ha estado lidiando con una serie de retos políticos y económicos, incluyendo la gestión de la pandemia de COVID-19, la recuperación económica y la reconciliación política.
El intento de golpe de Estado, aunque fallido, amenaza con desestabilizar aún más la situación en Bolivia, poniendo a prueba la capacidad del Gobierno para mantener el orden y la seguridad. Aunque los tres acusados principales ya están en prisión, las autoridades deben ahora procesar a los demás implicados y llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar la verdadera magnitud del complot y prevenir futuros intentos de golpe de Estado.
