En un desarrollo significativo, el tribunal de alzada ha dejado en claro que el Ministerio Público tiene la autorización judicial para incautar el teléfono de Luis Hermosilla y «vaciar» su contenido. Esto se produce en el contexto de una investigación en curso por delitos de corrupción.
La decisión se tomó después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado en contra del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, por la revisión del teléfono celular del abogado Luis Hermosilla. Esta decisión marca un precedente importante en el marco legal chileno en términos de la autoridad de la justicia para examinar las comunicaciones personales de un individuo en el curso de una investigación.
La Séptima Sala del tribunal de alzada estableció que el recurso de protección no es la vía idónea para controlar la investigación del Ministerio Público. En cambio, sugiere que Mario Vargas, quien se considera afectado por la investigación, debe recurrir a la tramitación ordinaria de causas penales.
En su fallo, la Corte de Apelaciones subrayó que no puede dirigir la investigación del ente persecutor, que es autónomo. En lugar de ello, será esta institución la que cuidará, en su labor investigativa, de no revelar, ni a intervinientes ni a terceros, transcripciones de intercambios de mensajes que no están relacionados con la investigación en curso.
Además, la corte dejó en claro que el Ministerio Público cuenta con la autorización judicial para incautar el teléfono de Luis Hermosilla y “vaciar” su contenido. Hasta ahora, no se ha revelado el tenor de las transcripciones, que suman la cantidad de 770,000 páginas, ni las conversaciones del abogado con su par Mario Vargas, querellante en la causa contra Daniel Jadue.
Este caso es de gran importancia debido a las implicaciones que tiene para las investigaciones de corrupción en el país. Los detalles de las transcripciones y conversaciones podrían arrojar una nueva luz sobre las prácticas corruptas y proporcionar una mayor comprensión de las redes de corrupción en Chile.
El caso de Luis Hermosilla es especialmente notable debido a su prominencia como abogado. La decisión de permitir la incautación y revisión de su teléfono celular podría tener ramificaciones significativas para otros profesionales legales y su relación con la confidencialidad de las comunicaciones con sus clientes.
A medida que este caso se desarrolla, la atención se centrará en cómo el Ministerio Público maneja la información obtenida a través de la incautación del teléfono de Hermosilla y si esta información será utilizada para avanzar en la investigación de corrupción. El papel del Consejo de Defensa del Estado también será examinado, dado su papel en la supervisión de la legalidad de los actos del gobierno.
Además, la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de rechazar el recurso de protección plantea cuestiones sobre el equilibrio entre los derechos individuales y la necesidad de llevar a cabo investigaciones vigorosas en casos de corrupción. El fallo sugiere que la corte valora la necesidad de investigaciones exhaustivas por encima de las preocupaciones individuales sobre la privacidad.
El caso también plantea preguntas sobre el papel de la tramitación ordinaria de causas penales en la protección de los derechos de aquellos que se sienten afectados por las investigaciones. La sugerencia de que Mario Vargas debería recurrir a esta vía en lugar de un recurso de protección parece implicar que la corte ve esta opción como una forma más efectiva de abordar sus inquietudes.
En su conjunto, este caso destaca la complejidad y los desafíos de llevar a cabo investigaciones de corrupción en Chile. A medida que el caso avanza, es probable que surjan más cuestiones sobre el equilibrio entre los derechos individuales y la necesidad de abordar la corrupción de manera efectiva.
