El gobierno boliviano puso fin a un intento fallido de golpe militar el 26 de junio, un evento que se resolvió en menos de tres horas. La principal figura de la intentona golpista, el general Ziga, fue capturado y presentado ante las cámaras de televisión con esposas y un rostro abatido. Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno y mano derecha del presidente izquierdista Luis Arce, condenó el acto, afirmando: «El objetivo era derrocar al Gobierno nacional en ejercicio haciendo uso de la violencia. El general Ziga quería tomar el mando, el poder, pero hemos logrado con la Policía evitar que este trágico hecho se consumara. Son delincuentes y criminales».
El excomandante general de las Fuerzas Armadas y principal ficha militar del propio Arce, se defendió acusando a su jefe político de ordenarle sacar los blindados para aumentar su popularidad en medio de la crisis política, social y económica que sacude a Bolivia. Además, el Gobierno boliviano anunció la detención de 17 personas vinculadas al fallido golpe.
En la política boliviana, las opiniones sobre el evento varían. Algunos lo ven como un golpe militar fallido, un autogolpe, la rabieta de un general destituido y un show político. Estas diferentes tesis están siendo investigadas por la Fiscalía. Imágenes de tanques y militares desplegados en la Plaza Murillo, corazón político de Bolivia, se difundieron por todo el mundo, recordando los golpes militares que ensangrentaron la región en el siglo pasado.
El último intento de golpe en las Américas, liderado por el entonces presidente peruano Pedro Castillo en 2022, fracasó en pocos minutos. En ese caso, los militares ni siquiera llegaron a aparecer por las calles de Lima. Hoy, Castillo, acosado por la corrupción, permanece encarcelado en la prisión capitalina de Barbadillo.
La ministra de Presidencia, María Nela Prada, negó rotundamente las acusaciones de autogolpe. Según el gobierno, el general Ziga y el vicealmirante Juan Arnez planearon el golpe durante tres semanas. Junto a ellos, hay una decena de militares detenidos.
Según la versión del gobierno, la rebelión del general Ziga, un militar siempre fiel al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), fracasó debido a la falta de refuerzos de la Armada y de la Fuerza Aérea, así como de las unidades de Viacha, a 30 kilómetros de la capital. Los insurrectos derribaron la puerta de acceso al Palacio Quemado, sede del gobierno, y se enfrentaron al presidente, quien ordenó su retirada. Minutos después, abandonaron sus posiciones en la Plaza Murillo, pero no sin antes causar lesiones a 12 personas, según los datos del Gobierno.
Ziga, quien había sido destituido un día antes por el presidente debido a su enfrentamiento público con el ex presidente Evo Morales, se mostró molesto durante su diálogo con Arce. En respuesta, el presidente lo enfrentó con su bastón de mando presidencial.
Ziga había declarado en una entrevista que no permitiría que Morales se postulara por cuarta vez para la presidencia, pasando por encima de Arce en la guerra fratricida dentro de la revolución indígena. Durante el asalto a la casa del gobierno, Ziga se declaró defensor de la democracia y aseguró que ordenaría la liberación de los presos políticos, entre los que se encuentran la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador opositor Luis Fernando Camacho.
«No puede ser eso, no puede ser el desprecio, ¡tanto desprecio!», se lamentó Ziga durante su diálogo con el presidente. Sin embargo, Arce mantuvo la calma hasta conseguir que los militares abandonaran el palacio de gobierno. La huida posterior confirmó que el desafío había fracasado.
Arce aprovechó la situación y juramentó de inmediato a la nueva cúpula militar, que también ordenó el repliegue de las tropas. Desde el primer minuto, contó con el respaldo internacional. Presidentes y cancilleras de la región y del mundo mostraron su apoyo institucional a Arce.
La oposición también se mostró en contra de los insurrectos desde el principio. Ex presidentes como el líder opositor Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, lo manifestaron públicamente. Sin embargo, desde distintas posiciones políticas, desde opositores en la región «rebelde» de Santa Cruz hasta dirigentes cercanos a Evo Morales, calificaron la acción como un «show político».
El propio Morales denunció una especie de autogolpe horas antes de que la primera tanqueta embistiera contra el Palacio Quemado. Más tarde, convocó a los movimientos sociales, al igual que el gobierno. Ambos luchan por su apoyo.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), así como los sindicatos cocaleros del Chapare, bastión de Evo, llamaron a la huelga general y al bloqueo de caminos. La mayoría de las convocatorias se desvanecieron con el paso del tiempo, sobre todo tras la comparecencia de Arce ante el país desde el balcón de la casa de gobierno. «Estamos firmes y aquí permaneceremos para enfrentar cualquier intentona golpista», aseguró el presidente. Solo en el Alto de la Paz se registraron ayer bloqueos en los caminos.
Aunque la situación está bajo control absoluto del Gobierno, la realidad no pinta bien para un mandatario que hace semanas recibió la visita de una comisión del Grupo de Puebla para intentar apaciguar los ánimos entre ambos amigos del foro que acoge a izquierdistas, revolucionarios y populistas de las Américas. Hasta La Paz viajaron el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y el ex mandatario colombiano Ernesto Samper, como si fueran cascos azules de la Patria Grande. Los acontecimientos posteriores demuestran que nada consiguieron.
