El último informe de la encuesta Black&White abordó la creciente preocupación de los ciudadanos por el incremento en las cuentas de luz que comenzará a regir desde el 1 de julio. Este aumento está relacionado con el descongelamiento de las tarifas eléctricas, lo que podría provocar un aumento de hasta un 43% en algunos sectores del país.
El estallido social de 2019 provocó un congelamiento en las tarifas eléctricas, una medida que buscaba aliviar la presión económica sobre los ciudadanos. Sin embargo, la mayoría de los encuestados (88%) están conscientes de las discusiones actuales sobre la necesidad de regularizar estas tarifas congeladas.
La percepción general sobre esta medida es mixta. Alrededor del 56% de los encuestados opina que las tarifas eléctricas deberían haberse descongelado antes. En cuanto a la decisión de aplazar el descongelamiento, hay una división casi igual, con un 47% calificándola como populista y un 45% considerándola justificada.
Sin embargo, la mayoría de los encuestados considera que el manejo de las tarifas eléctricas ha sido deficiente por parte de todas las personas e instituciones involucradas. Los parlamentarios son los peores evaluados, con un 73% de los encuestados criticando su manejo de la situación. Le sigue de cerca la oposición con un 69% y el Gobierno con un 61%.
La encuesta también abordó el tema de cómo se debe enfrentar el alza en las tarifas eléctricas y si debería haber un subsidio para mitigar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos. La mayoría (61%) piensa que las tarifas eléctricas deberían reflejar el verdadero costo de la energía y no ser subsidiadas.
No obstante, existe un sector de la población, principalmente hombres y personas entre 18 a 34 años, que prefiere que las tarifas eléctricas sean subsidiadas para el grupo más vulnerable. Esta opción es respaldada por una mayoría relativa del 41% de los encuestados.
El tema del alza en las tarifas eléctricas y su impacto en los ciudadanos es complejo y multifacético. La percepción general es de insatisfacción y crítica hacia los encargados de gestionar esta situación, y existe una clara división en cuanto a cómo se debería enfrentar este problema.
Estos datos reflejan la diversidad de opiniones y la complejidad del problema que enfrenta el país en términos de energía y economía. A medida que la fecha del 1 de julio se acerca, se espera que estas discusiones y debates continúen, buscando una solución que beneficie a todos los ciudadanos y garantice un acceso justo y equitativo a la energía eléctrica.
Por último, es importante destacar que estos resultados son un reflejo de las opiniones de las personas encuestadas y no representan necesariamente la opinión de todos los ciudadanos. Sin embargo, ofrecen un valioso punto de partida para discusiones más profundas y políticas informadas.
