El próximo mes de agosto, Chile verá entrar en vigor la Ley Karin, una legislación promulgada en enero de este año por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Esta nueva ley se centra en prevenir, investigar y sancionar la violencia en el trabajo, lo que Boric espera que convierta a Chile en un «país más seguro, amable y respetuoso».
A tan solo un mes de su implementación, la Subsecretaría del Trabajo retiró el reglamento de la Contralaría General de la República. Este reglamento establece las directrices para los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo. Este movimiento ha generado cierta preocupación ya que las empresas deben prepararse para esta nueva legislación y evitar caer en infracciones.
La Ley Karin establece un marco obligatorio para todas las empresas con más de diez empleados. Estas empresas deben incorporar en sus reglamentos internos un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en los entornos de trabajo. Sin embargo, las acciones específicas que los empleadores deben cumplir aún no están del todo definidas y comunicadas.
Jeannette Jara, la ministra del Trabajo, ha asegurado que el reglamento se encuentra en su proceso habitual de revisión para la toma de razón y que se volverá a ingresar a la brevedad. La jefa de la División Jurídica de la cartera, Andrea Soto, ha añadido que el retiro del documento es para realizarle las modificaciones sugeridas por la propia Contraloría.
En otro orden de noticias, el Ministerio de Transportes ha retirado de la Contraloría el reglamento que regula las aplicaciones de transportes, más conocida como la «Ley Uber«. Este documento, que fue ingresado el pasado 2 de enero, ha suscitado una ola de críticas desde las aplicaciones de transportes. Las críticas se centran en la afirmación de que los nuevos requisitos dejarán a muchos conductores imposibilitados de seguir trabajando.
Dennise Ramírez, jefa de la división legal de la Subsecretaría de Transportes, ha afirmado que el retiro se solicita porque se estima necesario revisar el contenido del acto administrativo previamente referido.
Desde Alianza In, gremio que reúne a plataformas como Uber, Didi y Cabify, se espera que el retiro del reglamento de la Ley Uber brinde una oportunidad para reanudar el diálogo entre todas las partes y buscar mejoras en los puntos que podrían afectar la movilidad de los usuarios.
Paralelamente, diputados de la bancada de la UDI, específicamente Cristóbal Martínez, Natalia Romero y Flor Weisse, han valorado la decisión del Gobierno de retirar de la Contraloría General el reglamento de la Ley Uber. Esta decisión ha generado una gran inquietud en las distintas aplicaciones de transporte de pasajeros, debido al impacto que las medidas podrían tener en los conductores.
Los parlamentarios han advertido que solo un 15% de los conductores que actualmente están registrados podrían seguir trabajando, ya que el resto no cumpliría con las exigencias en materia de cilindrada, antigüedad del vehículo o la licencia profesional que se exige. Esto podría provocar una disminución de la oferta de viajes en cerca de un 90%.
