El pasado miércoles, la historia política de Bolivia y de Latinoamérica en general, dio un giro inesperadamente dramático. Juan José Zúñiga Macías, un general boliviano que hace siete meses advertía a los «antipatria» que no buscaran apoyo en los cuarteles militares para derrocar al gobierno, fue el protagonista de un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. Este acto de deslealtad no solo terminó con su destitución, sino también con su detención.
Zúñiga había asumido el mando del Ejército boliviano en noviembre de 2022, nombrado por Arce, y fue ratificado en su cargo en enero de este año. Estos actos se interpretaron como una recompensa por su lealtad al gobierno. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, apuntando a que Zúñiga, originario del municipio potosino de Uncía, carecía de los méritos militares necesarios para dirigir el Ejército.
Los cuestionamientos se intensificaron cuando se recordó que en su promoción de 1990, Zúñiga ocupó el puesto 48 entre 65 oficiales. Además, en 2013 fue acusado de desfalco de 2,7 millones de bolivianos destinados al pago de bonos gubernamentales cuando era comandante del Regimiento Max Toledo. El general cumplió siete días de arresto en 2014 por estas irregularidades.
La tensión entre Zúñiga y el ex presidente Evo Morales fue creciendo. Morales había acusado a Zúñiga, entonces jefe del Estado Mayor, de formar parte de un grupo llamado Pachajcho que, según él, estaba planificando un «plan negro» para espiarlo y perseguirlo. Morales había lanzado una advertencia al pueblo sobre el grupo Pachajcho y las supuestas pruebas que planeaban montar.
La situación se descontroló cuando Morales acusó a Zúñiga de estar a cargo de un plan para eliminarlo físicamente, junto a sus allegados más próximos. Zúñiga respondió en una entrevista por TV que Morales «no puede volver a ser más presidente de este país», refiriéndose a las elecciones de 2025 y la inhabilitación del ex mandatario dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Tras este enfrentamiento, el presidente Arce decidió destituir a Zúñiga como comandante del Ejército. Zúñiga, sin embargo, se declaró aún al mando del Ejército y su siguiente paso fue encabezar un asalto militar al Palacio Quemado, ocupando la Plaza Murillo, en el centro de La Paz.
El presidente Arce se enfrentó a Zúñiga en la puerta de la sede de Gobierno, pero el levantamiento se prolongó varias horas. Durante este tiempo, Zúñiga amenazó con cambiar el Gabinete gubernamental y exigir la liberación de «presos políticos» civiles y militares.
Finalmente, Arce juramentó al nuevo jefe del Ejército, José Sánchez Vázquez, quien ordenó el retiro de las tropas movilizadas. Zúñiga abandonó la plaza en el mismo vehículo blindado en el que había llegado. Posteriormente, el gobierno emitió una orden de arresto que culminó con la detención de Zúñiga.
El ex comandante del Ejército, antes de ser arrestado, acusó a Arce de haber orquestado el levantamiento militar para mejorar su imagen. Este hecho, sin duda, añade un nuevo capítulo a la compleja y con frecuencia turbulenta historia política de Bolivia.
