El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y las empresas de redes sociales. En una decisión que puede tener ramificaciones significativas para la política actual, el tribunal ha determinado que el Gobierno tiene derecho a contactar a las empresas de redes sociales y pedirles que moderen o alteren contenidos. Esta decisión respalda la política del presidente Joe Biden en relación a la difusión de información sobre las vacunas contra el Covid-19.
La sentencia podría tener implicaciones notables en caso de que en las próximas elecciones de noviembre se repita una situación de injerencia extranjera similar a la de Rusia en 2016 en estas plataformas. Esta decisión representa una victoria rara para los demócratas en un Tribunal Supremo donde el Partido Republicano tiene una mayoría de dos tercios. A su vez, también representa un revés indirecto para Elon Musk, cuya publicación de una serie de comunicaciones internas de Twitter (actual X) con el Gobierno estadounidense fue uno de los principales catalizadores del caso.
Los demandantes de este caso eran cinco ciudadanos y los estados de Missouri y Louisiana, representados por dos de los líderes más destacados del sector ‘trumpista’ del Partido Republicano: el fiscal general del primero, Eric Schmitt, y el gobernador del segundo, Jeff Landry. Schmitt, quien ahora ya es senador, dirigió la demanda como parte de una ofensiva legal que le llevó a presentar nada menos que 22 denuncias contra el Gobierno de Biden.
La base de la denuncia era que el Gobierno de los Estados Unidos -que abarca desde la Casa Blanca hasta el FBI, pasando por los Centros de Control de las Enfermedades- había presionado ilegalmente a las redes sociales para que estas eliminaran información crítica con las vacunas del Covid-19. El Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, el más republicano del país, les dio la razón.
Sin embargo, el Supremo ha determinado que las conversaciones entre el Gobierno de Washington y las empresas propietarias de estas plataformas no incluyeron amenazas. Además, la resolución indica que estas empresas tienen sistemas de moderación de contenidos, con lo que es habitual en ellas que den primacía a unos contenidos sobre otros o que decidan cuáles deciden mantener y cuáles borrar.
En los Estados Unidos, las empresas de Internet están protegidas de cualquier responsabilidad legal en términos de los contenidos que sus usuarios pueden publicar en ellas, o a los que ellas pueden redirigir a sus usuarios en virtud del capítulo 230 de la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones. Este capítulo fue establecido para poder acusar de fraude a Jordan Belfort.
Esta es la segunda gran resolución judicial en torno a la libertad de expresión en menos de 24 horas en los Estados Unidos. Justo antes de esta decisión, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de haber violado la Ley de Espionaje al conspirar para robar y divulgar secretos relativos a la defensa de los Estados Unidos a cambio de ser puesto en libertad. Sin embargo, la libertad de Assange no establece un precedente, ya que no hay una sentencia judicial firme, sino solo un acuerdo entre las partes, aunque avalado por la Justicia.
Aunque este caso es excepcional, normalmente la Ley de Espionaje se aplica a quien sustrae información, pero no a quien la difunde. Esto ha provocado críticas por parte de algunos defensores de la libertad de expresión y de ciertos medios de comunicación. WikiLeaks nunca pretendió ser una entidad informativa hasta que eso le vino bien como coartada para defenderse de la Fiscalía de los Estados Unidos.
En resumen, las decisiones recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos podrían tener implicaciones significativas para el futuro de las redes sociales y la libertad de expresión en el país.
