En un giro sorprendente de los acontecimientos, el ex ministro de Defensa de China, Li Shangfu, ha desaparecido de la vista pública y ha sido degradado a la insignificancia política. Li, que apenas llevaba seis meses en el cargo, desapareció del foco mediático en agosto de 2023. Los rumores de su caída comenzaron a circular, y en octubre se confirmó oficialmente que ya no era ministro. Su huella se borró de las páginas oficiales y su sucesor fue anunciado en diciembre. Sin embargo, ninguna voz autorizada de la superpotencia asiática ha salido públicamente a explicar qué había pasado con Li.
El misterio que rodeaba a Li se despejó este jueves cuando los medios oficiales chinos informaron que el veterano general de 66 años ha sido expulsado del gobernante Partido Comunista Chino (PCCh) bajo acusaciones de corrupción. Se informó que Li ha estado bajo investigación desde el verano pasado. Según la emisora estatal CCTV, el Politburó decidió expulsar a Li del partido, cancelar sus credenciales como representante del XX Congreso Nacional – lo que implica que pierde su asiento como diputado en el Parlamento chino – y transferir sus presuntos asuntos criminales a los órganos de fiscalía militar para su revisión y procesamiento.
El poderoso Politburó, formado por 24 líderes, se reunió el jueves para revisar un informe sobre la situación de Li. Después de la reunión, determinaron que Li había traicionado su misión original y perdido su espíritu y principios de partido. Según la CCTV, Li contaminó gravemente el entorno político y el espíritu industrial en el ámbito del equipamiento militar, causando un gran daño a la causa del partido, a la defensa nacional y a la construcción de las fuerzas armadas. Li fue acusado de soborno y de aprovecharse de su posición para tomar enormes sumas de dinero para buscar beneficios inapropiados personales y para otros.
Los medios chinos también señalaron al predecesor de Li como ministro de Defensa, Wei Fenghe, en otro caso de corrupción por el que había sido expulsado del partido. Tanto Li como Wei serán procesados por un tribunal militar. Esta es la primera vez que se hacen públicas en un mismo día las investigaciones por corrupción de dos ministros de Defensa.
El papel del ministro de Defensa en China es más diplomático y ceremonial que decisorio. La poderosa Comisión Militar Central dirige realmente los asuntos militares. Este órgano está formado por siete personas, entre ellas se encontraba Li, pero siempre por debajo en la escala de mando de dos vicepresidentes y del presidente Xi Jinping. A pesar de su limitado peso interno, el ministro de Defensa es una figura clave para representar al país ante los responsables militares de otros países.
La caída de Li está relacionada con una purga por corrupción que ha estado sacudiendo a altos cargos del Ejército Popular de Liberación (EPL) desde el año pasado. Hasta nueve generales han sido expulsados, y en el caso de Li, se le acusa de estar involucrado en una trama relacionada con la compra de equipos militares.
Li no destacó especialmente como soldado, pero sí como uno de los mejores ingenieros aeroespaciales de su generación. Trabajó en el Centro de Lanzamiento de Satélites Xichang, una institución operada por el EPL. Allí dirigió el lanzamiento de la primera sonda lunar de China y también la primera prueba de misiles anti satélite.
Hace una década, Li ascendió a general y jefe de personal de la Fuerza de Apoyo Estratégico del ejército, una organización que se encargaba de jubilar a los viejos mandos del ejército y mover las fichas adecuadas para comenzar la modernización del ejército, la fuerza de combate más grande del mundo. Un aspecto clave de esta modernización fue la adquisición de equipo militar moderno, una tarea que encabezó Li. Sin embargo, esta función le llevó a ser sancionado por Estados Unidos, ya que supervisó la compra de aviones de combate rusos Su-35 y sistemas de misiles de defensa aérea S-400.
Precisamente, sobre la etapa de Li al frente de la agencia que adquiría equipo militar, las autoridades chinas anunciaron el año pasado que habían iniciado una investigación por «presuntas violaciones» que databan de octubre de 2017. El aviso publicado citaba la «filtración activa de secretos» e irregularidades en el «proceso de licitación para beneficio personal».
