El miércoles pasado, Bolivia se sumergió en una situación de máxima tensión política a raíz de la entrada violenta de un grupo de militares al Palacio Quemado, la sede del Gobierno en La Paz. Ante este hecho, el presidente, Luis Arce, hizo un llamado a la ciudadanía para que se movilice en contra de lo que ha calificado como un «golpe de Estado». «No podemos permitir que retornen las intentonas golpistas”, dijo desde la Casa Grande del Pueblo, un edificio adyacente al Palacio Quemado.
Detrás de este intento de asonada se encuentra el hasta entonces jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, quien fue destituido tras advertir que no permitiría un nuevo gobierno del expresidente Evo Morales. En respuesta a la asonada, Arce nombró a un nuevo líder militar, quien ha ordenado a los militares que regresen a los cuarteles. Esta orden ha resultado en el repliegue de los uniformados. El intento de golpe ha sido condenado tanto por todo el espectro político boliviano como por la comunidad internacional.
Pasadas las cinco de la tarde de Bolivia, unas horas después del inicio del golpe, Luis Arce compareció desde la Casa Grande del Pueblo para transmitir unidad y calma a la población. Arropado por sus ministros y por el vicepresidente David Choquehuanca, Arce enfatizó: “Vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales”. “Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse y a mantener la calma. Todos juntos vamos a derrotar cualquier intentona golpista”.
Una de las primeras medidas de Arce fue nombrar un nuevo mando militar. El nuevo comandante general del Ejército, José Wilson Sánchez, ha exigido a las tropas que vuelvan a los cuarteles: “Pido, ordeno, dispongo que todo el personal que está en las calles debe retornar a sus unidades”. Acto seguido, Sánchez ha asegurado que “el general Zúñiga ha sido un buen comandante y le pedimos que no deje sangre derramada de nuestros soldados”. “Vamos a estar pendientes de que el Gobierno legalmente constituido permanezca, de acuerdo a las normas del Estado”, en referencia a la Constitución. Tras el llamado del nuevo jefe del Ejército, los militares golpistas han iniciado la retirada de la plaza Murillo.
“Una élite se ha hecho cargo del país, vándalos que han destruido al país”, dijo previamente Zúñiga desde la plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno, erigiéndose en líder de la asonada. “Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia que sea una verdadera democracia, no de unos dueños que ya está 30 y 40 años en el poder. Vamos a liberar a todos los presos políticos. Desde [la expresidenta Jeanine] Añez, los tenientes coroneles, los capitanes que están presos. A las Fuerzas Armadas no le faltan cojones para velar por el futuro de nuestros niños”, agregó el militar, antes de subirse a un carro blindado.
La tensión se intensificó cuando los militares rebeldes instalaron barricadas para impedir que la gente llegue hasta la plaza Murillo en respuesta al llamado presidencial. Al mismo tiempo, lanzaron gases a la población que se manifestaba en su contra. Momentos antes de que algunos militares entrasen en el Palacio Quemado, el general Zúñiga había declarado a la prensa que “la movilización de todas las unidades militares” busca expresar su molestia “por la situación del país”. También afirmó que seguía obedeciendo al presidente Luis Arce “por ahora”, pero que tomará medidas para “cambiar el Gabinete de Gobierno”.
En un video que subió a las redes sociales, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también denunció un “intento de golpe de Estado”, pero la limitó a una “facción del Ejército”. “Me encuentro en la Casa Grande del Pueblo. La plaza Murillo está tomada por una facción del Ejército que se ha movilizado y ha sacado a las personas de la plaza y tomado las cuatro esquinas”, dijo.
El Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que se trata de una protesta del Comando del Ejército y que el Gobierno va a defender la democracia. El viceministro Jorge Silva, por su parte, dijo que todo el Gabinete de Arce se encuentra en la Casa Grande del Pueblo. “Llamamos a defender la democracia”.
Los militares en la plaza Murillo lanzaron gases lacrimógenos y balines en contra de un grupo de ciudadanos que gritaban: “Lucho, no estás solo”. Se están haciendo varias convocatorias a la población a que salga a rechazar el golpe militar en curso. La Central Obrera Boliviana (COB), la más grande del país, llamó a “levantarse contra los golpistas y el hecho fatídico que ha perpetrado”. Se declaró huelga general indefinida y llamó a todos los sindicatos a viajar a La Paz para defender al Gobierno. “Llamamos a la reflexión a las Fuerzas Armadas. Respeten a la democracia y el estado de Derecho. No es por una persona, sino por todos”, dijo Juan Carlos Guarachi, secretario de la COB.
El exministro de Defensa de los gobiernos de Evo Morales, Reymi Ferreira, ha intentado llevar un poco de tranquilidad. Descartó que se trate de un golpe de Estado, porque, dijo, “las unidades militares están tranquilas”. “No creo que se trate de un golpe. Es un acto de prepotencia de Zúñiga. Es un peligro para la democracia, pero es un movimiento sin futuro y no va a prosperar. Debe tomarse como precedente”, advirtió.
La asonada unió a la oposición en apoyo al Gobierno, incluso a los grupos más radicales. Luis Fernando Camacho, exgoberandor de Santa Cruz, dio su “respaldo a las instituciones y a la democracia”. “Se debe respetar el mandato del voto popular, cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional”, escribió en las redes sociales. El expresidente Carlos Mesa, por su parte, advirtió que “el mandato del actual gobierno debe concluir el 8 de noviembre de 2025. Cualquier intento como este no es otra cosa que un golpe de Estado. Comunidad Ciudadana se alinea con la defensa militante de la democracia”.
Zúñiga perdió su cargo el martes tras una serie de amenazas contra Morales. “No puede ser más presidente de este país. Llegado el caso”, dijo, “no permitiré que pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo”. En tono elevado, hizo notar que las Fuerzas Armadas son “el brazo armado del pueblo, el brazo armado de la patria”.
La crisis tiene como marco un largo intercambio de ataques entre el expresidente y el actual, Luis Arce, alguna vez aliados y hoy enemigos. Arce señaló en discursos ante diversos cuerpos de seguridad del Estado, como el regimiento escolta presidencial y la Policía Boliviana, que está en marcha un “golpe blando” para acortar su mandato, del cual acusa implícitamente a Morales. “Detrás de demandas aparentemente legítimas, en realidad hay un plan de acortar mandatos, lo cual esconde un peligro mayor: la destrucción del Estado Plurinacional, de nuestro modelo económico social comunitario productivo y de los sueños de las bolivianas y bolivianos”, dijo el presidente, exministro de Economía durante el Gobierno de Morales.
Mientras tanto, el país sufre una crisis económica con escasez de dólares y combustibles. También hay anuncios de protestas sociales que el Gobierno considera lideradas por el “evismo”, lo que los sectores involucrados niegan. La Asamblea Legislativa, que hoy es mayoritariamente opositora, está paralizada por la intervención del Órgano Judicial y por la suspensión de sus sesiones por parte de su presidente, David Choquehuanca, quien también es el vicepresidente.
