El Gobierno de los Estados Unidos liderado por Joe Biden ha recibido luz verde para continuar interactuando con las redes sociales en un esfuerzo por combatir la propagación de bulos o desinformación. Durante la pandemia de COVID-19, las autoridades sanitarias utilizaron esta estrategia para contrarrestar mensajes erróneos sobre el virus y las vacunas. A pesar de la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, un intento de varios estados republicanos para limitar esta facultad del gobierno ha sido rechazado. La decisión judicial es particularmente relevante en este año electoral, un periodo que a menudo es fértil para la difusión de bulos.
Es importante aclarar que, si bien el gobierno tiene la capacidad de interactuar con las redes sociales, eso no significa que pueda imponer su política de moderación de contenidos ni obligar a las plataformas a retirar mensajes específicos. El argumento republicano sostenía que el simple hecho de que las autoridades alertaran sobre ciertos contenidos era un ejercicio de censura contrario a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que defiende la libertad de expresión. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado esta afirmación con un voto de seis a tres, con los jueces conservadores Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas emitiendo un voto disidente.
Esta decisión se produce a raíz de una orden judicial en Luisiana que prohibía a gran parte de la administración de Biden interactuar con las redes sociales. El fallo, que fue parcialmente respaldado por una demanda republicana de 2022, argumentaba que el gobierno federal había excedido sus límites. Como resultado, la administración no podía mantener reuniones con empresas de redes sociales, marcar contenidos específicos para su eliminación, presionar a las redes sociales para que modificaran sus directrices de moderación de contenidos, o incluso enviarles correos electrónicos o mensajes.
El caso finalmente llegó al Tribunal Supremo, donde los estados de Luisiana y Misuri, ambos bajo control republicano, y algunos usuarios de las redes sociales, se enfrentaron a la Casa Blanca. El gobierno de Biden argumentó que, si se aceptaba la tesis de los demandantes, perdería su capacidad para comunicarse con las redes sociales sobre publicaciones antisemitas y antimusulmanas, así como sobre cuestiones de seguridad nacional, salud pública e integridad electoral.
Tras evaluar el caso, los jueces determinaron que las pruebas indicaban que las plataformas tenían incentivos independientes para moderar el contenido y a menudo tomaban sus propias decisiones. La sentencia, redactada por la conservadora Amy Coney Barrett, concluye que no se ha demostrado un caso específico en el que el Gobierno hubiera presionado a una red social para que censurara un tema específico antes de que dicha plataforma suprimiera el discurso de un demandante sobre ese tema.
Un factor que jugaba en contra de los demandantes es que las redes sociales habían comenzado a suprimir el contenido de los demandantes antes de que comenzaran las comunicaciones cuestionadas por los demandados. Esto dificulta el argumento de los demandantes de que las plataformas actuaron debido a la coerción del gobierno, en lugar de a su propio criterio.
Samuel Alito, uno de los jueces más conservadores del Tribunal Supremo, firmó una disidencia en la que critica la decisión. Alito argumenta que durante meses, altos funcionarios del gobierno ejercieron una presión implacable sobre Facebook para suprimir la libertad de expresión de los estadounidenses.
El Tribunal Supremo aún tiene pendientes dos casos similares que abordan la política de moderación de las redes sociales. Los estados de Texas y Florida han promulgado leyes contra estas políticas, argumentando que imponen la censura a sus usuarios. Varias compañías tecnológicas han apelado y se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión esta semana.
