La problemática de las licencias médicas en Chile ha sido objeto de un reciente estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Según los investigadores, las licencias médicas, que son un derecho reconocido de todos los trabajadores afiliados a FONASA o ISAPREs, representan una herramienta terapéutica esencial, pero su actual sistema de emisión presenta ciertos desafíos que requieren atención.
El estudio identifica cinco áreas prioritarias para reformar el sistema actual de licencias médicas: el diseño del beneficio, su otorgamiento, el control de fraude y abuso en el otorgamiento, aspectos de reformas institucionales y de gestión, y la transparencia del sistema.
Las licencias médicas permiten a los trabajadores ausentarse total o parcialmente de su jornada laboral durante un período de tiempo definido, manteniendo su remuneración. Sin embargo, se ha observado que la magnitud de los recursos que se invierten en estas licencias está causando preocupación entre las autoridades y los especialistas del sector salud, debido al impacto que esto tiene en la sostenibilidad del sistema de salud y en la economía nacional.
En el informe, se destaca que el gasto real en Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) por cotizante ha aumentado de 186.844 dólares en 2011 a 499.114 dólares en 2022, lo que representa un alza de 2,7 veces su cuantía. Según los autores del estudio, Héctor Sánchez y Manuel Inostroza, exsuperintendentes de la Universidad Andrés Bello, las medidas propuestas por el Gobierno, centradas principalmente en aumentar penas y multas, son insuficientes para enfrentar la problemática de las licencias médicas.
El estudio también revela que las enfermedades osteomusculares y los trastornos mentales son los diagnósticos que más se repiten en el otorgamiento de licencias médicas. En los años 2018 y 2019, gran parte de las licencias médicas autorizadas por ISAPREs fueron por enfermedades respiratorias, representando más del 20% de ellas.
Según el director ejecutivo del ISP UNAB, Héctor Sánchez, “el proyecto de ley del gobierno aborda medidas de fiscalización y control, que deben existir, pero son insuficientes para resolver el problema en sus raíces, más complejo que el mero fraude”. En este sentido, se propone un enfoque más integral para abordar el problema de las licencias médicas, que incluye la concientización de la población sobre el buen uso de este beneficio.
Entre las recomendaciones del informe, se destaca el cambio en el diseño del beneficio, como la eliminación de los tres días de carencia y la creación de un copago independiente de los días de licencia médica. También se sugiere desarrollar protocolos para el otorgamiento de licencias médicas y mejorar las herramientas de control en la emisión de estas.
Se propone además revisar y aumentar las sanciones y penas para médicos y afiliados que emitan o soliciten licencias médicas consideradas no razonables, así como incrementar la capacidad de fiscalización y regulación.
Para mejorar la gestión de las licencias médicas, se plantea generar instancias independientes de evaluación de las licencias médicas, definir el cálculo del subsidio de acuerdo con la cotización registrada, y trasladar el gasto en subsidio por incapacidad laboral a las cuentas del sector trabajo y/o protección social.
Por último, se enfatiza la necesidad de mejorar la transparencia del sistema, mediante la generación de estadísticas públicas y regulares de licencias médicas, así como la disposición de datos de las distintas etapas del proceso y de la regulación en la materia.
Es importante recordar que las licencias médicas son un recurso médico que forma parte de un tratamiento y que se debe utilizar correctamente. El uso fraudulento de licencias médicas es un delito de defraudación a la seguridad social chilena y está penado por ley.
