El pasado miércoles, el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), fue condenado a 45 años de prisión por el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel. Esta decisión llegó después de que, en marzo, un jurado compuesto por 12 miembros lo declarara culpable de los tres delitos que le imputó la Fiscalía, a saber: conspirar para traficar con drogas y armas y portar armas para importar cocaína.
A pesar de la gravedad de los delitos, Hernández logró evitar la cadena perpetua, que es la máxima pena contemplada para los delitos de conspiración para importar cocaína y uso y portación de ametralladoras y otros dispositivos destructivos para introducir droga.
El ex mandatario se enfrentaba a una sentencia mínima de 40 años de prisión y una máxima de una triple cadena perpetua. A la hora de pronunciar la sentencia, el juez Castel le recordó a Hernández su obligación de cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos. A partir de ahora, Hernández permanecerá en una celda de una prisión de máxima o mediana seguridad.
Además de la condena, la Fiscalía de los Estados Unidos ha solicitado que se decomisen a Hernández 15,5 millones de dólares y se le imponga una multa máxima de 10 millones de dólares.
Durante el juicio, Hernández insistió en su inocencia, a pesar de las acusaciones de la Fiscalía. Los fiscales sostuvieron que el ex mandatario participó en una violenta conspiración corrupta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.
Además, la Fiscalía acusó a Hernández de crear un «narcoestado» durante sus dos mandatos presidenciales y durante toda su carrera política desde, al menos, 2004. Durante este tiempo, Hernández utilizó sus cargos públicos, así como a la policía y el ejército, para respaldar a las organizaciones de narcotráfico de Honduras, México y otros países, entre otras, el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo.
Hernández dejó el poder el 27 de enero de 2022, perdiendo así su inmunidad, lo que permitió su arresto y posterior encarcelamiento el 15 de febrero de ese año, un día después de que los Estados Unidos solicitaran a Honduras su captura y extradición. El nombre del ex mandatario y sus vínculos con el narcotráfico surgieron a la luz en el proceso que se llevó a cabo contra su hermano Tony Hernández, quien fue condenado por un tribunal federal de Nueva York el 30 de marzo de 2021 a cadena perpetua por tráfico de cocaína a gran escala.
Con esta sentencia, Hernández se ha convertido en el presidente latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico, tras el dictador panameño Manuel Antonio Noriega (1983-1989), quien fue condenado en 1992 en un juzgado de Florida a 40 años de cárcel por cargos de lavado de dinero y narcotráfico y acusado de tener conexiones con el cartel colombiano de Medellín.
La defensa y la Fiscalía tienen ahora un plazo de 14 días para apelar la sentencia en caso de no estar de acuerdo con la resolución del juez. Este es el mismo juez que el 30 de marzo de 2021 condenó al hermano del ex presidente Juan Antonio ‘Tony’ Hernández a cadena perpetua más 30 años de cárcel por delitos de narcotráfico.
En conclusión, la condena de Hernández es un hito significativo en la lucha contra el narcotráfico en América Latina y muestra la seriedad con la que los Estados Unidos están abordando este problema. El caso también pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la política latinoamericana para prevenir la corrupción y el abuso de poder.
