Este julio, las familias chilenas enfrentan una amenaza a su ya estirado presupuesto familiar en forma de un incremento en las tarifas de la energía eléctrica de hasta un 43%, según una ley aprobada por el Congreso. El aumento surgió debido a una deuda de 6 mil millones de dólares que se debe a consorcios privados y trasnacionales que generan electricidad en el país. Este asunto ha encendido un debate acalorado entre los legisladores y expertos sobre quién debería asumir la carga de esta deuda.
El congelamiento de los precios de la energía eléctrica, que ha estado en vigencia desde 2019, se levantará en julio según la Ley de Estabilización Tarifaria aprobada por el Congreso en abril. Sin embargo, los expertos cuestionan la necesidad de esta medida, argumentando que las compañías privadas y extranjeras han estado registrando ganancias sólidas y no están sufriendo el «estrés financiero» del que se quejan.
El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó dudas sobre la disponibilidad de fondos estatales para cubrir el costo del aumento de las tarifas eléctricas, sugiriendo que, si no hay suficientes recursos para financiar otros servicios públicos, como las salas cuna y la reducción de las listas de espera en los hospitales, entonces sería difícil encontrar fondos para un subsidio eléctrico.
Esta posición ha sido cuestionada por varios legisladores, incluyendo a la diputada Karol Cariola y a la legisladora Ana María Gazmuri. Cariola argumentó que se necesita buscar un mecanismo de cooperación entre el Gobierno, el Parlamento y otras autoridades necesarias para resolver este problema que afecta a las familias chilenas. De manera similar, Gazmuri expresó que la clase media y las pequeñas y medianas empresas serían las más perjudicadas por el aumento de las tarifas y pidió al Estado que asumiera la responsabilidad de resolver este problema.
La amenaza de un aumento en las tarifas eléctricas ha provocado reacciones en todo el país. El economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, señaló que estas empresas, a pesar de su queja de «estrés financiero», han estado obteniendo grandes ganancias, con algunas, como Enel, aumentando sus ganancias en casi un 99% en términos reales, ajustados por inflación, durante el período de congelamiento de las tarifas.
El aumento de las tarifas de la luz se produce en medio de la creciente preocupación por el impacto que este incremento puede tener en la economía de los hogares chilenos, especialmente en medio de la actual pandemia de COVID-19. Con el fin del congelamiento de las tarifas, se espera que las familias enfrenten una presión adicional en sus presupuestos ya ajustados.
El Gobierno ha propuesto un subsidio para el 40% de la población más pobre como medida para aliviar el impacto del aumento de las tarifas eléctricas. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por algunos legisladores, que argumentan que el proceso de solicitud del subsidio es engorroso y que el Gobierno no ha sido claro en sus cifras y antecedentes sobre la situación de la deuda y los aumentos de los precios de la luz.
Además del subsidio, otros legisladores y expertos han sugerido que se consideren alternativas al aumento de las tarifas. La diputada Karol Cariola ha propuesto que se renegocien contratos antiguos que están elevando el precio de la luz. Otros han propuesto medidas como aumentar el impuesto a la generación de energía contaminante y elevar el cargo por servicio público para las grandes industrias. Sin embargo, todas estas propuestas requieren más discusión y análisis antes de que puedan ser implementadas.
El aumento en las tarifas eléctricas es un tema de gran preocupación para muchos chilenos. A medida que el Gobierno y los legisladores buscan soluciones para este problema, las familias en todo el país se enfrentan a la perspectiva de pagar más por su electricidad en un momento en que muchos ya están luchando para llegar a fin de mes.
