El ataque terrorista perpetrado este domingo en varias iglesias y sinagogas de la región caucásica de Daguestán ha dejado al menos 20 muertos, incluyendo 15 agentes de seguridad. Este ataque ha sido uno de los peores atentados sufridos por Rusia en los últimos años, especialmente porque ocurrió sólo unas semanas después de que el país quedara conmocionado por una toma de rehenes por reos del Estado Islámico (ISIS) en una prisión de la sureña ciudad de Rostov del Don, y tres meses después de la barbarie cometida por el mismo grupo islamista en la sala de conciertos Crocus, a las afueras de Moscú, donde 145 personas perdieron la vida.
A pesar de estos terribles acontecimientos, el presidente Vladimir Putin parece haber relegado esta escalada de terrorismo a un segundo plano, centrando su atención en su invasión de Ucrania. Cuando se le preguntó si tenía previsto dirigirse a su pueblo, Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, respondió: “No. Por el momento, no”.
El atentado aún no ha sido reivindicado por ninguna organización terrorista y las únicas menciones al suceso en la web del Kremlin han sido los pésames ofrecidos al mandatario por los presidentes de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, y de Azerbaiyán, Kassym-Jomart Tokáyev.
Comparando los recientes ataques, el último atentado de este calibre sucedió en el metro de San Petersburgo el 3 de abril de 2017, cuando un ciudadano ruso-uzbeko mató a 15 personas con una bomba en el transporte público. Putin, que aquel mismo día visitó el lugar del suceso, ahora descarta comentar el atentado ocurrido este domingo en Daguestán y no ha pisado las instalaciones de la sala Crocus desde que sucedió la tragedia en marzo.
La inteligencia rusa, cuyos recursos están siendo consumidos en gran parte por la guerra de Ucrania, había sido advertida por Washington de que el terrorismo islámico preparaba una serie de atentados en su territorio antes de la tragedia de Crocus. Este lunes se ha conocido que los atacantes de Daguestán de este domingo habían preparado el asalto al menos desde mediados de mayo, según el canal de Telegram Shot, especializado en filtraciones policiales.
A todo esto se suma el hecho de que el pasado 16 de junio seis miembros del Estado Islámico tomaron como rehenes a varios empleados de la cárcel de Rostov del Don en la que permanecían presos. Según la versión oficial, los reos rompieron los barrotes de sus ventanas y bajaron varios pisos antes de capturar silenciosamente a sus propios vigilantes. Sin embargo, esta explicación provocó dudas incluso entre la élite rusa, a la que le llamó la atención la facilidad con la que se movieron los terroristas y los atuendos que portaban consigo.
Las autoridades rusas reconocen que hay una escasez de policías en el país, donde los organismos de espionaje y militares, como la Guardia Nacional —un ejército aparte que solo obedece al presidente— cuentan con miles de efectivos. “Faltan 150.000 policías”, afirmó este lunes la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko.
Otro problema destacado es la integración del terrorismo en las estructuras sociales. Tres de los atacantes abatidos en Daguestán eran hijos y sobrinos del actual jefe del distrito de Sergokalinski, Magomed Omárov. Además, otro de los terroristas muertos, Alí Zakarigayev, había sido el dirigente del partido Rusia Justa Patriotas por la Verdad —una de las pocas formaciones con presencia en la Duma Estatal— en ese mismo distrito hasta hace dos años.
El padre de Zakarigayev, del mismo nombre, había sido encerrado en prisión preventiva junto con otras 35 personas hace dos meses por un supuesto fraude de 2.800 millones de rublos, 2,8 millones de euros, en la empresa energética local Dagenergo, según ha revelado el medio independiente ruso Agentsvo.
Pese al aparente apaciguamiento del Cáucaso por el Kremlin, la amenaza de un rebrote de la violencia sigue latente. Al resurgir de los movimientos secesionistas en las regiones del Cáucaso tras la desaparición de la Unión Soviética se suma en la última década la proliferación de las células yihadistas en la región. El Servicio Federal de Seguridad (FSB, heredero del KGB) informa a menudo de detenciones y “liquidaciones” de personas —eufemismo de las autoridades— vinculadas al Estado Islámico.
Los agentes del omnipresente organismo de seguridad mataron el 17 de mayo a un militar del 49º ejército ruso que se había pasado al Estado Islámico y preparaba un atentado en la región caucásica de Karacháyevo-Cherkesia, según el canal Baza. Y el pasado 7 de marzo, semanas antes del ataque de la sala Crocus, el FSB anunció que había eliminado en la región de Kaluga una célula del Estado Islámico de Jorasán —la misma facción yihadista que atacaría después en pleno concierto— cuyo objetivo era una sinagoga de Moscú.
A pesar de que el Kremlin ha intentado relacionar de algún modo el atentado de marzo con su enemiga Ucrania, el propio FSB anunció el 1 de abril el arresto de varios ciudadanos en Daguestán que “participaron directamente en la financiación y provisión de fondos terroristas a los autores del acto terrorista cometido el 22 de marzo de 2024 en la sala de conciertos Crocus City Hall de Moscú”.
Las autoridades rusas temen que los atentados agiten una estabilidad que ya es frágil por la guerra de Ucrania. “Intentan desestabilizar la situación social”, condenó a través de sus redes sociales el gobernador de Daguestán, Serguéi Melíkov, tras producirse los atentados. En aquellos momentos la policía detenía a un grupo de hombres en la ciudad de Pyatigorsk, también en el sur de Rusia, este domingo. Su provocación, bailar en la calle la lezginka, una danza tradicional caucásica, en el momento en el que las fuerzas rusas se enfrentaban a los atacantes en Daguestán. “¿Por qué están felices estos…? ¿Por la muerte de niños, policías y civiles?”, lamentó el alcalde de la localidad, Dmitri Voroshílov, a través de sus redes sociales.
