En un fallo reciente, La Corte Suprema ha dictaminado que la investigación sobre la muerte del conscripto Franco Vargas y otros delitos ocurridos en Putre deberán ser tramitados por el Juzgado de Garantía de Arica. Esta decisión afecta directamente a la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, quien ya no será competente para continuar con la investigación del denominado Caso Conscriptos.
Según la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal llegó a la conclusión de que la justicia civil, y no la justicia militar, debe continuar investigando los hechos. Este dictamen se basa en un análisis profundo del principio de juridicidad y división de poderes. La Corte Suprema sostuvo que es esencial preguntarse si existen fundamentos exclusivamente militares que, debido a su conexión directa con los objetivos, tareas y fines de las Fuerzas Armadas, hagan necesario un camino judicial específico para el conocimiento y posible represión de delitos comunes.
El fallo de la Corte Suprema enfatiza que la competencia de los tribunales militares es limitada. Se extiende «sólo para aquellos casos de comisión de delitos comunes de militares en contra de militares vinculados estrictamente a la función militar». Además, protegen los bienes jurídicos que les son propios, pero no se extienden a otros delitos que son ajenos a la actividad militar.
Este fallo tiene implicaciones significativas para el llamado Caso Conscriptos, que se refiere a los delitos investigados en la muerte de Franco Vargas y en la marcha fatal de los conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco. Según la Corte Suprema, estos delitos corresponden al «delito de apremios ilegítimos y apremios ilegítimos en concurso con homicidio». Estos son ilícitos comunes que no pueden ser considerados actos de servicio o cometidos con ocasión de él. Por lo tanto, su conocimiento y resolución están encomendados a la judicatura ordinaria civil.
Este fallo de la Corte Suprema es una afirmación clara de la limitación del alcance de la jurisdicción militar. Muestra que la justicia civil tiene jurisdicción sobre ciertos delitos, incluso si están relacionados con el servicio militar. Además, subraya el principio de que la justicia debe ser administrada por los tribunales civiles, a menos que haya razones estrictas y específicas para la jurisdicción militar.
La decisión de la Corte Suprema de reasignar el Caso Conscriptos al Juzgado de Garantía de Arica es una afirmación de la jurisdicción de la justicia civil sobre ciertos delitos que involucran a personal militar. Este fallo puede tener implicaciones significativas para futuras investigaciones de delitos similares. En última instancia, el fallo subraya la importancia de la jurisdicción apropiada en la investigación de delitos y la búsqueda de justicia.
La decisión también destaca la importancia de la separación de poderes y el principio de juridicidad en la administración de justicia. El fallo de la Corte Suprema es un recordatorio de que, incluso en casos que involucran a las Fuerzas Armadas, la justicia civil tiene un papel fundamental que desempeñar. Este papel es esencial para garantizar que todos los delitos sean investigados de manera apropiada y justa, independientemente de quién esté involucrado.
La decisión de la Corte Suprema es un importante hito en el Caso Conscriptos. Sin embargo, es solo un paso en el largo camino hacia la justicia para Franco Vargas y los demás conscriptos afectados. A medida que el caso se traslada al Juzgado de Garantía de Arica, queda por ver cómo se desarrollará la investigación y cuál será el resultado final.
