El martes pasado, la capital de Kenia, Nairobi, fue el escenario de una violenta protesta cuando cientos de manifestantes asaltaron el Parlamento de Kenia para protestar contra una controvertida ley de impuestos. En una escena que recuerda el asalto al Congreso de Estados Unidos en enero de 2021, los manifestantes quemaron parcialmente el edificio del Parlamento, lo que obligó a algunos diputados a huir por túneles subterráneos.
El asalto se produjo justo después de la aprobación de la polémica ley que aumentará los impuestos. Las fuerzas de seguridad respondieron disparando fuego real contra los manifestantes, resultando en al menos cinco muertos y decenas de heridos, según informó Reuters. En respuesta, los manifestantes destrozaron el mobiliario y las ventanas del Parlamento, incluso pisoteando las banderas.
La violencia no se limitó al Parlamento. En diferentes lugares de Nairobi, se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que utilizó pelotas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a las multitudes. El edificio del Ayuntamiento también fue incendiado.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos como la Asociación Médica de Kenia y la Sociedad Jurídica de Kenia, en un comunicado conjunto, confirmaron que cinco personas murieron y otras 31 resultaron heridas, 13 de ellas por el impacto de balas reales y cuatro por pelotas de goma.
Las protestas contra la subida de impuestos se intensificaron la semana pasada, paralizando gran parte del país. Los manifestantes ya habían intentado ingresar al Parlamento durante la segunda lectura de la ley, inundando las redes sociales con etiquetas como #RejectFinanceBill2024 (Rechazar la Ley de Finanzas 2024) y #OccupyParliament (Ocupar el Parlamento).
A pesar de la intensidad de las protestas y el anuncio de nuevas manifestaciones, los legisladores procedieron con una tercera lectura y votación de la ley el martes. La ley de impuestos se aprobó con 195 votos a favor, 106 en contra y tres nulos. El Parlamento está dominado por la coalición gubernamental Kenya Kwanza (KK) liderada por el presidente William Ruto, quien ganó las elecciones en 2022.
El polémico proyecto de ley del Gobierno, que fue presentado al Parlamento en mayo pasado, incluye una serie de reformas y aumentos de impuestos. Entre las medidas más controvertidas se incluye un incremento del 5% en las tasas que gravan las transferencias bancarias y los pagos a través del teléfono móvil, una práctica muy extendida en Kenia. También se ha propuesto aumentar el impuesto sobre el pan al 16% y el del aceite vegetal al 25%, un cargo adicional del 2,75% para los asalariados inscritos en el plan nacional de seguro médico y un impuesto anual del 2,5% para los vehículos de motor.
Además, la ley otorga poderes a la Administración para acceder a las cuentas bancarias y de dinero móvil para hacer cumplir el pago de estos impuestos. Otra medida impopular es la llamada tasa ecológica, que provocaría un aumento en los precios de los productos de higiene personal e infantil, así como en los productos digitales, los teléfonos móviles, las cámaras y otros equipos de grabación.
En respuesta a las protestas, el Parlamento anunció importantes enmiendas al borrador de la ley, retirando los impuestos sobre el pan, el petróleo, los vehículos y las transacciones financieras, y reduciendo las tasas sobre el seguro médico y de vivienda para los asalariados. Sin embargo, decenas de miles de ciudadanos exigieron la retirada total de la ley y mantuvieron las concentraciones.
El presidente William Ruto tiene ahora un plazo de 14 días para firmar la nueva ley, lo que supondría su aprobación definitiva, o puede devolverla al Parlamento para nuevas enmiendas. Ruto, que prometió reformas para mejorar las condiciones de vida de los kenianos durante su campaña electoral en 2022, ha justificado estos aumentos de impuestos para poder afrontar la deuda pública, que asciende a unos 765 millones de euros.
