La Corte Suprema de Chile ha emitido una resolución determinante en relación con la muerte del conscripto Franco Vargas, de 19 años, durante una marcha en Putre. En un giro de eventos, la máxima autoridad jurídica del país ha decidido que será la justicia civil la encargada de conocer las responsabilidades en este caso, y no la justicia militar como se había planteado inicialmente.
Esta decisión significa que será el juzgado de garantía de Arica el que continuará con la investigación de la muerte del joven conscripto. La Segunda Sala del tribunal supremo ha considerado que la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, no posee la competencia necesaria para continuar indagando en los hechos.
En un inicio, la ministra Book había defendido la postura de que el proceso debería ser llevado por tribunales castrenses. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entidades querellantes en el caso, advirtieron que, debido a que se trata de violaciones de las prerrogativas ciudadanas, el caso pertenece a la jurisdicción civil.
Franco Vargas participó en un entrenamiento en una zona ubicada en el norte de Chile, a más de cuatro mil metros de altitud, el pasado 27 de abril. Durante la actividad, el joven no contaba con ropa de abrigo a pesar de las muy bajas temperaturas en la región. Tras el ejercicio, un total de 45 jóvenes tuvieron que ser ingresados en un hospital por problemas respiratorios, dos presentaron infección generalizada y uno incluso tuvo que ser sometido a la amputación de una mano.
La madre del joven fallecido, Romy Vargas, ha acogido con satisfacción la decisión de la Corte Suprema. Según ha declarado, la asignación del caso a la justicia penal ofrece mayores garantías de transparencia.
Por su parte, Sebastián Andrade, abogado de la familia de Franco, ha expresado que este fallo representa una buena señal para el país. Según sus palabras, la decisión de la Corte Suprema indica que Chile avanza en derechos humanos.
La muerte de Franco Vargas ha generado un fuerte debate en Chile sobre las condiciones en las que se desarrollan los entrenamientos militares. El caso de este joven conscripto ha sacado a la luz los riesgos a los que se exponen los reclutas y ha puesto en cuestión las responsabilidades de las instituciones militares en la protección de sus miembros.
La decisión de la Corte Suprema de asignar el caso a la justicia civil puede marcar un precedente importante en la forma en que se manejan este tipo de casos en el futuro. En un contexto en el que se exige cada vez más transparencia y respeto por los derechos humanos, la resolución del máximo tribunal chileno puede ser un paso significativo hacia la consolidación de estos principios en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la militar.
En este sentido, la investigación del juzgado de garantía de Arica será clave para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Franco Vargas y establecer las responsabilidades correspondientes. Asimismo, este caso puede contribuir a generar cambios en las prácticas de entrenamiento militar, con el fin de garantizar la seguridad y los derechos de los conscriptos.
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