En una audaz y moderna iniciativa de reforma, México se prepara para cambiar el rostro de su Poder Judicial. El proyecto, que se debatirá en el Congreso mexicano a partir del 1 de septiembre de este año, fue impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum. Esta transformación, respaldada por las tres principales fuerzas políticas del oficialismo, podría ser uno de los cambios más significativos en la historia del Poder Judicial mexicano.
La Presidenta electa, Sheinbaum, ha indicado que esta reforma será sometida a la consideración ciudadana a través de foros y consultas públicas, donde se tomarán en cuenta las opiniones de jueces, magistrados, colegios de abogados, la academia y la sociedad civil.
Esta reforma judicial, que requiere una modificación constitucional aprobada en el Poder Legislativo, consta de un paquete de 20 reformas promovidas por el actual Gobierno. Entre las más destacadas se encuentran la reducción de 15 a 12 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una limitación en los sueldos de los jueces para que no superen el salario del Presidente de la República, y la elección de jueces y juezas por voto ciudadano.
Otras medidas significativas incluyen la eliminación de la pensión vitalicia para exmagistrados, la implementación de plazos máximos para concluir procesos judiciales, y la obligación de que las sesiones de las Cortes sean públicas, eliminando la opción de sesiones secretas. Los ministros, magistrados y jueces de distrito serán elegidos popularmente cada tres años, coincidiendo con las elecciones federales.
La reforma también propone que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias contra los miembros del Poder Judicial. Además, se establece que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses. Si no se logra una sentencia en este plazo, el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar las razones de la demora y ordenar el procedimiento o sanción correspondiente.
El Presidente López Obrador ha declarado que esta reforma no debilita al Poder Judicial, sino que lo fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular. Según el mandatario, esta reforma busca cerrar la brecha sistémica entre el Poder Judicial y la sociedad, y restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales.
Claudia Sheinbaum, la futura líder de la nación mexicana, destacó que tres de cada cuatro mexicanos encuestados por su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), apoyan la elección de jueces y magistrados por voto popular. Según los resultados presentados por Morena, entre el 68% y el 75% de los participantes en un sondeo consideraron que los magistrados y jueces deben ser elegidos por «el pueblo de México».
Sheinbaum afirmó que estos resultados demuestran la importancia de la reforma para los ciudadanos, y señaló la percepción generalizada de corrupción en el Poder Judicial. La Presidenta Electa destacó que entre el 77% y el 83% de los encuestados «considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial», frente a un 14% a 12% que no lo considera necesario, y un 4% a 9% que no sabe o no respondió.
