El 4 de noviembre de 2019, Chile fue testigo de una acción judicial inédita: la primera querella por crimen de lesa humanidad en contra de un Presidente en ejercicio, Sebastián Piñera. La querella fue presentada por un grupo de abogados particulares liderados por Nicolás Toro, quien representó a la Coordinadora 18 de Octubre. La imputación alegaba que durante el estallido social, el entonces Jefe de Estado y sus funcionarios perpetraron “ataques generalizados y sistemáticos” contra la población civil.
Además de Piñera, la querella también apuntó a varias autoridades de su gobierno, entre ellas el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, el exsubsecretario de esa cartera, Juan Francisco Galli, el ex general director de Carabineros, Mario Rozas, y el actual mandamás de la policía uniformada, Ricardo Yáñez. Varias de estas causas aún siguen vigentes en el Séptimo Juzgado de Garantía, sin nuevas audiencias en el horizonte.
La afirmación de que se produjeron “ataques generalizados y sistemáticos” ha sido objeto de debate. En una entrevista reciente con Tolerancia 0, la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, sostuvo que, aunque los ataques fueron generalizados, no se puede hablar de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Para que se dé la sistematicidad, argumentó, debe haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado.
Esta postura de Contreras concuerda con la del anterior director del INDH, Sergio Micco, quien también ha enfrentado críticas por mantener una postura similar. En 2022, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Micco insistió en que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social.
Los comentarios de Contreras sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social han tenido repercusiones en las causas legales abiertas. Según Samuel Donoso, el abogado que representó al fallecido expresidente Piñera, si no hubo violaciones sistemáticas, tampoco puede haber crímenes de lesa humanidad. Esta opinión es compartida por Eduardo Riquelme, abogado que representa en causas de lesa humanidad a otros exfuncionarios del gobierno de Piñera.
Algunos abogados, sin embargo, han cuestionado la credibilidad de la directora del INDH y del organismo en sí. Gabriel Zaliasnik, quien representó al ex general director de Carabineros, Mario Rozas, acusó a la directora y al INDH de tener un sesgo ideológico que les impide evaluar los temas en su mérito.
Los comentarios de Contreras también encontraron reacciones en el mundo político. El diputado Diego Schalper (RN) acusó a la mayoría del directorio del INDH, y sobre todo a su directora, de tener una agenda política cercana al Partido Comunista. Por otro lado, la abogada Susana Borzutzky, quien asumió la defensa de Rozas, enfatizó que no hubo crimen de lesa humanidad y que las investigaciones del Ministerio Público han demostrado que no hubo ninguna instrucción del Estado o sus agentes de salir a las calles a matar o lesionar a la población.
En conclusión, la discusión sobre si hubo o no violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 en Chile sigue abierta. Mientras tanto, las causas legales en contra de exfuncionarios del gobierno de Piñera continúan su curso en los tribunales.
