El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha tomado una decisión que cambia el curso de su vida y su carrera. Según informes recientes, Assange ha optado por declararse culpable como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este acuerdo importante y potencialmente transformador permitirá a Assange salir en libertad y regresar a su natal Australia, después de pasar cinco largos años en una prisión británica.
Assange, quien tiene 52 años, se ha declarado culpable de un solo cargo de violación de la ley de espionaje. Esta confesión se refiere a su papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010, un hecho que ha sido confirmado por registros judiciales. El acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos aún debe ser ratificado el miércoles, poniendo fin a un prolongado drama legal. “Julian Assange está libre”, ha tuiteado Wikileaks, marcando un hito en la historia de la organización.
La esposa de Assange, Stella, ha expresado su inmensa gratitud a través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter). Su mensaje decía: “Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud hacia VOSOTROS— sí, VOSOTROS, que os habéis movilizado durante años para que esto fuera realidad. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS”. Su mensaje estaba acompañado de un vídeo en el que se veía a Assange firmando los papeles de su acuerdo. En el vídeo, se veía a Assange viajando en furgoneta hasta el aeropuerto londinense de Stansted y abordando el avión de regreso. Acompañaba a Assange el alto comisionado de Australia en el Reino Unido, Stephen Smith.
El delito por el que Assange se declara culpable conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Sin embargo, se espera que el acusado comparezca ante el tribunal de la remota Saipán, capital del territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el Océano Pacífico. Según se cree, Assange será condenado a cinco años, que se darían por cumplidos con el tiempo pasado en la prisión británica. Esto significa que, tras esta condena, quedaría en libertad.
Antes de este acuerdo, el Gobierno de EE UU acusaba a Assange de 17 delitos contra la ley de espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaba a una pena máxima de 175 años de prisión, principalmente por la filtración de más de 250,000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.
Un documento presentado ante el tribunal de Saipán, ya con fecha del martes 25 de junio, sostiene que Assange “conspiró a sabiendas e ilegalmente” para “recibir y obtener documentos relacionados con la defensa nacional” y “comunicar” esa información a personas que no tenían derecho a recibirla. Una carta del Departamento de Justicia registrada ante el mismo tribunal señala: “Anticipamos que el acusado se declarará culpable (…) de conspirar para obtener y diseminar ilegalmente información clasificada relacionada con la defensa nacional de los EE UU (…) y será sentenciado por ese delito”.
Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, en 2012, y se le concedió asilo político después de que los tribunales de Inglaterra dictaminaran que debía ser extraditado a Suecia en el marco de una investigación por violación en el país escandinavo. Durante su estancia en la embajada tuvo dos hijos con Stella Assange, su actual cónyuge. Fue detenido por la policía británica en abril de 2019 después de que el Gobierno de Ecuador le retirara el estatus de asilado. Suecia acabó retirando la investigación por delitos sexuales, pero ha permanecido cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres, luchando contra la extradición a EE UU. Este lunes ha salido de la prisión y emprendido el viaje hacia Islas Marianas.
El proceso de extradición se encontraba en punto muerto, pendiente de un recurso de Assange. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Londres consideraban insuficientes las garantías de Washington de que el cofundador de Wikileaks recibiría un juicio justo si era enviado a EE UU.
La acusación del Departamento de Justicia de 2019 imputaba a Assange por alentar y ayudar a la analista de inteligencia del Ejército estadounidense Chelsea Manning a robar los cables diplomáticos y archivos militares que Wikileaks publicó en 2010. Manning fue condenada a 35 años de prisión tras ser declarada culpable de violar la ley de espionaje y otros delitos como la filtración de los documentos clasificados a WikiLeaks. El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017, permitiendo su liberación tras unos siete años entre rejas.
El presidente de EE UU, Joe Biden, reconoció en abril pasado que Washington se planteaba aceptar una petición de Australia para poner fin al proceso legal contra Julian Assange. El primer ministro australiano apoyó en febrero una moción en la Cámara baja de su país que reclamaba el regreso de Assange.
Wikileaks atribuye el desenlace final a una campaña mundial que abarcó a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y dirigentes de todo el espectro político, hasta Naciones Unidas. “Esto creó el espacio para un largo periodo de negociaciones con el Departamento de Justicia de EE UU, que desembocó en un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente”, indica. “La libertad de Julian es nuestra libertad”, concluye.
