El martes, el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió órdenes de arresto contra el exministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y el general Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor militar. Ambos son acusados de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados durante la invasión de Ucrania. Los jueces del TPI consideran que hay motivos razonables para creer que son responsables de los ataques con misiles realizados por las tropas rusas contra civiles y contra la infraestructura eléctrica ucraniana. Los hechos tuvieron lugar «desde el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023», según la orden de detención.
En su argumentación, la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI recuerda que uno de los objetivos del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados. Tras analizar la conducta de Shoigú y Guerásimov, el tribunal de La Haya ha concluido que «existen motivos razonables para creer que los sospechosos tenían la intención de causar grandes sufrimientos o lesiones graves contra la integridad física o la salud mental o física» de los civiles.
El TPI mantiene en secreto el contenido de estas órdenes para proteger tanto a los testigos como las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en Ucrania. Sin embargo, ha considerado que hacerlas públicas «puede contribuir a prevenir la comisión de nuevos crímenes», dado que «conductas similares a las que se abordan parecen estar en curso» en Ucrania.
En mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, destituyó a Shoigú, que había estado al frente de Defensa durante una década. Shoigú planificó y ejecutó la invasión de Ucrania, pero pasó de contar con la confianza de Putin a ser señalado por la falta de avances en el conflicto. Fue gobernador de la región de Moscú, y la anexión de Crimea en febrero de 2014 cimentó su carrera.
Valeri Guerásimov, que fue nombrado en enero de 2023 comandante en jefe de las fuerzas rusas que operan en lo que denominan «operación militar especial» en Ucrania, también está en la mira del TPI. En 2014, su nombre fue añadido a la lista de sanciones de la Unión Europea por el despliegue masivo de tropas rusas en la frontera del país vecino.
En 2022, una oleada de ataques contra la red energética de Ucrania dejó a cientos de miles de ciudadanos sin luz y provocó numerosos cortes de agua. El presidente del país, Volodímir Zelenski, calculó entonces que el 30% de las centrales eléctricas habían sido destruidas. En octubre, el mes indicado en la orden de arresto, comenzó un asalto masivo de esta índole, calificado de crimen de guerra por el Gobierno ucranio. Los apagones también dejaron sin suministro a los hospitales de los municipios afectados, y los daños alcanzaron a la red gasística y a las centrales que nutren de carbón a las térmicas.
Rusia no es miembro del TPI, rechaza su jurisdicción y se niega a entregar a cualquiera de sus ciudadanos a la justicia internacional. En 2023, el mismo tribunal ordenó el arresto de Putin por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de miles de menores de edad ucranios desde los territorios ocupados a Rusia, un hecho que se considera un crimen de guerra. El mismo tribunal busca por ese delito a María Lvova-Belova, comisionada del Kremlin para los Derechos de los Niños. Según las autoridades ucranias, unos 20.000 niños y adolescentes fueron trasladados forzosamente desde el inicio de la invasión militar rusa en febrero de 2022. Según las autoridades ucranias, estos niños son entregados a familias rusas y despojados de su identidad y nacionalidad. Moscú lo niega y dice que los ha protegido al apartarlos de la guerra.
