El Tribunal Superior de Israel ha tomado una decisión histórica que puede tener un impacto político significativo en el país. En un fallo unánime, los nueve magistrados del tribunal determinaron que el Gobierno israelí tiene la obligación de alistar a los estudiantes ultraortodoxos que estudian en los yeshivot (seminarios religiosos) para el servicio militar, un deber que el resto de la población judía del país ya cumple. Esta decisión no sólo afecta a los individuos ultraortodoxos del país, sino que también tiene implicaciones políticas directas para el primer ministro, Benjamín Netanyahu, cuya coalición depende del apoyo de dos partidos que representan a este grupo de población y se oponen firmemente a su alistamiento.
El tribunal ha sostenido que no existe un «marco legal» para la exención general de los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar, lo que significa que el Gobierno no tiene la autoridad para ordenar al Ejército que no les llame a filas. Esta situación supone un trato discriminatorio hacia el resto de la población judía que sí realiza el servicio militar obligatorio. Además, el Tribunal Superior ha confirmado su decisión temporal de obligar al Estado a dejar de transferir fondos a aquellos seminarios cuyos alumnos ahora deben alistarse.
Esta decisión no ha sido una sorpresa, pero sí un golpe para Netanyahu, quien se encontraría en minoría sin el apoyo de sus dos socios ultraortodoxos: el sefardí Shas y el asquenazí Judaísmo Unido de la Torá. Estos partidos han formado parte de su coalición desde 2022, junto con la ultraderecha, y han sido sus aliados durante muchos años.
En marzo, el primer ministro anunció que no había logrado alcanzar un acuerdo para renovar la exención, y el Tribunal Superior intervino. Ahora, si Netanyahu impulsa el cumplimiento de la decisión judicial, perderá el apoyo de los ultraortodoxos y se verá obligado a convocar elecciones anticipadas, una medida que una mayoría de israelíes exige y que él califica de «regalo a Hamás» en tiempo de guerra. A principios de este mes, Netanyahu ya perdió el apoyo de Benny Gantz, un ministro procedente de la oposición, debido a diferencias sobre el curso de la invasión de Gaza.
Los magistrados no especificaron cómo se debe implementar su decisión ni cuántos ultraortodoxos deben ser alistados. Se estima que la sentencia afecta a entre 55.000 y 67.000 personas de 18 a 24 años. Antes de la decisión, un diputado de Judaísmo Unido de la Torá, Moshe Gafni, afirmó que el tribunal nunca ha fallado «a favor de los estudiantes de las yeshivot» porque ninguno de sus jueces «entiende el valor del estudio de la Torá [Pentateuco] y la contribución que hacen al pueblo de Israel en cada generación».
El tema de la exención de los ultraortodoxos al servicio militar es un asunto que ha dividido social y políticamente al país y ha sido objeto de una batalla legal durante más de una década. Este tema ha vuelto al primer plano con la movilización masiva (la mayor de reservistas en la historia de Israel) con motivo de la invasión de Gaza. El tribunal se refiere a una necesidad militar «concreta y urgente» que obliga a establecer un marco legal para su alistamiento.
Hoy en día, los ultraortodoxos representan el 13% de los cerca de diez millones de israelíes y, con casi siete hijos de media, se prevé que llegarán al 32% en 2065 (según las proyecciones de la Oficina Central de Estadísticas). Su exención del servicio militar causa indignación en el Israel más judío y secular, que ha estado pidiendo en manifestaciones durante años «la igualdad en la carga»: que los ultraortodoxos se alisten (o realicen un servicio social sustitutorio), paguen impuestos y tengan derecho a los mismos fondos públicos que ellos.
