Javier Milei, un admirador confeso del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su mano dura, aboga en Argentina por un Estado limitado que se centra principalmente en la aplicación de la ley y el orden. Ha seleccionado a su ex rival presidencial, Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, un cargo que ya ocupaba durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ocho años después, las condiciones parecen más propicias para la aplicación de sus ideas autoritarias.
El gobierno de Milei debutó con un protocolo antipiquetes, que ya se había probado en 2016. Este protocolo permite la intervención de las fuerzas de seguridad “frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación” sin mediación de orden judicial. También permite demandar a las organizaciones responsables “por el costo de los operativos”.
Este protocolo se aplicó por primera vez en la manifestación del 20 de diciembre de 2023, donde se desplegó un operativo policial sobredimensionado que terminó con el desalojo violento de los concurrentes y en la demanda de las organizaciones participantes. Sin embargo, el Gobierno no logró disuadir una tradición muy arraigada en Argentina: salir a la calle para expresar el descontento social.
El miércoles 12 de junio, se llevó a cabo la votación en el Senado Nacional de la denominada “Ley Bases”, una megapropuesta de desguace del Estado enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Varias organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron a manifestarse y, desde temprano, en los alrededores del Congreso se congregó una multitud con el objetivo de promover su rechazo.
Los disturbios comenzaron después del mediodía. Algunos manifestantes arrojaron piedras e incendiaron un vehículo, mientras la policía observaba pasivamente. Poco después, los antidisturbios avanzaron contra la multitud de forma violenta, utilizando gases lacrimógenos, balas de goma, bombas de estruendo y camiones hidrantes. El desalojo de la calle se realizó en medio de un clima de alta tensión que culminó con más de 200 heridos y 33 detenidos.
Las detenciones fueron tan arbitrarias que incluso se llevaron a personas que estaban en las inmediaciones por otros motivos. Así lo cuenta Emiliano Villar, el abogado que se hizo cargo de la representación del detenido Luis Alberto de la Vega, una persona en situación de calle que pasaba cerca.
Al culminar la represión, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en X (ex Twitter) emitió un comunicado en el que felicitaba a las Fuerzas de Seguridad “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.
Los testimonios de los detenidos revelan un trato especialmente duro. Durante esos días, otros detenidos relataron torturas que incluyeron intimidaciones, humillaciones y lesiones físicas. La ONU advirtió sobre el “socavamiento” de los derechos humanos en Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales hizo una presentación de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores especiales de Naciones Unidas para que intervengan en lo que denominaron una escalada penal “arbitraria y peligrosa”.
El Archivo Histórico de la Represión en Argentina (AHoRa), un proyecto de registro fotográfico y documental que forma parte de Mapa de la Policía –la red de cuidado ciudadano para contrarrestar la violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, advirtió sobre un quiebre en los estándares mínimos de la democracia en Argentina. Según el coordinador de AhoRa, Mario Santucho, la represión estaba planificada, lo que indica un salto cualitativo en la vocación represiva del gobierno.
