La Corte Suprema de Chile se encuentra en un momento de alta tensión y complejidad, enfrentándose a serias acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que involucran a varios de sus miembros. Las recientes sesiones del tribunal han estado dominadas por la discusión de estos asuntos delicados, y se ha propuesto convocar al Comité de Ética y llevar a cabo investigaciones disciplinarias.
Estos eventos colocan a la Corte Suprema en la misma categoría que otras entidades estatales que han estado ligadas a casos de corrupción, tráfico de influencias y malas prácticas. Todo comenzó con la publicación en el Centro de Investigación Periodística de mensajes de WhatsApp que evidenciaban intentos de influir en las designaciones en puestos del Poder Judicial, incluyendo la Corte Suprema.
Las comunicaciones reveladas muestran una red de recados, recomendaciones, ofrecimientos, agradecimientos y elogios entre exministros, abogados, jueces y personeros políticos. Este descubrimiento se suma a los antecedentes del Caso Hermosilla, que demostró gestiones anómalas para influir en decisiones de nombramientos o procesos judiciales.
Entre los miembros de la Corte Suprema involucrados en estos eventos se encuentran María Teresa Letelier, Ángela Vivanco y Mario Carroza. Letelier está vinculada a gestiones del exjuez Juan Antonio Poblete con los exministros de Defensa, Alberto Espina y Mario Desbordes, para que fuese electa por el Senado para la Corte Suprema. Vivanco es mencionada en mensajes de su esposo, Gonzalo Migueles, quien le ofreció al Fiscal de Aysén, Carlos Palma, un doctorado y traslado a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, a cambio de que desistiera optar a la jefatura del Ministerio Público. Carroza aparece también en mensajería vinculado a gestiones que serían inadecuadas.
Estas situaciones han sido señaladas como tráfico de influencia, posible corrupción y mecanismos inapropiados en el nombramiento y funcionamiento en el Poder Judicial, lo que incluye designaciones “a dedo” y por influencias e intereses particulares. Todo esto genera una “zona opaca” en el funcionamiento del Poder Judicial, aumentando las suspicacias y desconfianzas en el máximo tribunal judicial del país.
Un ejemplo de esto es la querella que tiene interpuesta el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra la jueza María Teresa Letelier y, a su vez, la acusación judicial de Mario Desbordes en contra del INDH, todo en el marco de la mensajería vía WhatsApps.
En medio de este clima tenso, la jueza de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, expresó en el Plenario su apoyo a abrir una investigación disciplinaria en contra de la ministra Vivanco. Esta propuesta fue apoyada por el juez Sergio Muñoz, quien también está de acuerdo en reactivar el Comité de Ética de la Suprema. Sin embargo, Letelier y Vivanco se oponen a ambos caminos.
Defendiéndose a sí misma y buscando legitimar el procedimiento para su llegada a la Corte Suprema, Letelier declaró en el Pleno que “ninguno de los ministros (jueces) aquí presentes llegó al cargo por obra y gracia del Espíritu Santo”. Esto puede interpretarse como una alusión a que todos los nombramientos son producto de negociaciones y promociones políticas.
Ante esta complicada situación, la vocera de la Corte, María Soledad Melo, declaró que “el Pleno de la Corte Suprema está disponible para las investigaciones que se estimen pertinentes y si existe algún delito lo determinará el Ministerio Público”. Mientras tanto, el Poder Judicial sigue bajo el escrutinio público, y el desenlace de estas acusaciones podría sumar al descrédito de las instituciones estatales, especialmente si se revelan más gestiones irregulares e interesadas con fines políticos.
