La informalidad laboral y previsional son dos conceptos que generan impacto en las pensiones que reciben las personas. Si bien estas dos nociones están estrechamente relacionadas, no son idénticas, según lo expone el informe anual 2023 del Consejo Consultivo Previsional. El análisis de este organismo pone de manifiesto la necesidad de desarrollar indicadores que identifiquen la informalidad previsional en sí misma.
El Consejo Consultivo Previsional, creado en 2008, tiene como tarea asesorar a los ministerios del Trabajo y Hacienda. Actualmente, está presidido por Guillermo Larraín e integrado por Carlos Díaz, Cecilia Cifuentes, Andras Uthoff y Paula Benavides. Este organismo realizará el seminario “PGU e informalidad: desafíos del sistema previsional” el 27 de junio en el auditorio de la sede Padre Alonso de Ovalle del Duoc UC.
El informe anual 2023 del Consejo Consultivo Previsional destaca que, aunque la informalidad laboral y previsional están altamente correlacionadas, no son lo mismo. A menudo, la informalidad laboral se define por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) a través de variables autorreportadas por las personas. Sin embargo, existen discrepancias entre la categorización de la informalidad laboral y previsional.
Por ejemplo, hay trabajadores por cuenta propia o empleadores que cotizan pero son clasificados como informales debido a que su unidad económica pertenece al sector informal. A la inversa, también hay trabajadores por cuenta propia que no cotizan pero son considerados formales porque su unidad económica se encuentra en el sector formal.
El Consejo Consultivo Previsional enfatiza la importancia de contar con una medición complementaria de informalidad previsional, es decir, de los ocupados que efectivamente no cotizan. Este indicador es esencial para analizar los desafíos y brechas de los sistemas de pensiones, ya que se enfoca en la incorporación efectiva de los trabajadores en el sistema previsional, a través de sus cotizaciones.
El estudio del Consejo plantea dos posibilidades para construir un indicador de informalidad previsional. La primera es a partir de las preguntas hechas en encuestas, como la ENE y la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI). La segunda, es complementar esa información con registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones. Sin embargo, ambas vías presentan limitaciones para caracterizar la informalidad previsional.
A pesar de estas limitaciones, el Consejo Consultivo Previsional estima que la informalidad previsional en 2022 habría sido de un 30.3%, semejante a la estimación con datos administrativos que sería de 30.7%. Esto significa que el número de personas que no cotizó en 2022 llegó a 2.729.038, siendo contabilizados como informales previsionales.
Al respecto, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, expresó su preocupación por la cantidad de trabajadores que no están cotizando para la seguridad social. Declaró que se evaluará la obligatoriedad de cotizar para ciertas labores y se considerará como una condición favorable el hecho de cotizar, para que las personas tengan un acceso preferente a los beneficios que otorga el Estado.
El análisis del Consejo revela que en 2022, el mayor número de personas que no cotizó se ubicó en las categorías de cuenta propia, totalizando 1.609.351 personas. En términos porcentuales, las mayores tasas de informalidad se encontraron en las categorías de cuenta propia (89%), empleador (55.6%) y servicio doméstico puertas afuera (55.2%).
El estudio también señala que la norma que obligó a las personas que perciben honorarios a cotizar ha permitido mejorar los niveles de cotización, pero aún no ha mostrado un impacto muy significativo. Asimismo, destaca que muchas de las personas a honorarios que cotizan obligatoriamente lo hacen por un monto absoluto bajo.
Finalmente, el Consejo Consultivo Previsional recomienda avanzar en una mesa de trabajo que aborde las limitaciones en los datos para tener estimaciones más robustas. Esta mesa debería incluir representantes del Instituto Nacional de Estadísticas, la Superintendencia de Pensiones, el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería. En ese marco, se sugiere evaluar el detalle de información que estas dos últimas entidades proporcionan a la Superintendencia para sus reportes y análisis. Además, se podría evaluar la incorporación de un módulo de seguridad social en la encuesta ENE y sus principales variables.
