En un revés a la lucha por la igualdad de género y derechos civiles, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha emprendido una cruzada contra los logros del feminismo, un movimiento que ha transformado el país en la última década. Ha decretado el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y con él todas las políticas que garantizaban derechos, protegían a las víctimas de violencia y presionaban por una distribución más igualitaria del poder, la riqueza y las tareas domésticas y de cuidado.
Milei llevó su guerra contra el feminismo a la escena internacional al declarar en Davos que este movimiento ha resultado en una mayor intervención del estado que, según él, ha obstaculizado el proceso económico y ha proporcionado empleo a burócratas inútiles. Sin embargo, las estadísticas contradicen al líder ultraderechista. Las mujeres víctimas de violencia contaban con herramientas para alejarse de sus agresores que ahora se han eliminado; el embarazo adolescente no deseado se redujo a la mitad gracias a un plan ahora desfinanciado, y la legalización del aborto —que el gobierno quiere derogar— contribuyó a reducir a la mitad las muertes maternas. Además, la comunidad LGTBI+ logró grandes avances gracias a leyes como la de identidad de género, matrimonio igualitario y el cupo laboral trans.
Agustina Rossi, del Equipo Latinoamericano de Género y Justicia (ELA), advierte que Argentina está experimentando un retroceso de casi 40 años en materia de igualdad de género. “Hay mujeres cuya integridad física y sexual está en peligro y han quedado desamparadas por el Estado”, alerta.
Uno de los servicios más afectados por las políticas de Milei es la Línea 144, una línea telefónica gratuita que ofrecía asistencia y contención a las mujeres y personas LGTBI+ que sufrían violencia. Este servicio, que atendía alrededor de 340 llamadas al día, ha sido derivado al Ministerio de Justicia sin garantías de su continuidad.
Además, las redes de apoyo comunitario se han convertido en las únicas salvavidas para las víctimas de violencia, ya que las políticas de género han sido eliminadas. Mónica Troncoso, de la asociación civil La Poderosa, denuncia que no tienen a donde recurrir para ayudar a las mujeres que enfrentan violencia en todas sus formas.
También ha habido un aumento alarmante en la cantidad de feminicidios. María Isabel Speratti fue asesinada con tres disparos por su ex pareja, a pesar de haber denunciado previamente su violencia. Su hermana, Rocío Speratti, lamenta que si las autoridades hubieran escuchado a María Isabel, ella podría estar viva hoy.
Además, la comunidad LGTBI+ ha experimentado un aumento en los discursos de odio y las agresiones. Manu Mireles, docente y fundadora del bachillerato popular trans Mocha Celis, afirma que las personas que ejercen violencia se sienten con vía libre para actuar y las víctimas se sienten más vulnerables.
La Ley Micaela, que obliga a los funcionarios del Estado a capacitarse en perspectiva de género, se encuentra en peligro por las medidas del gobierno de Milei. Las mujeres y las organizaciones que las apoyan sienten que la formación ha sido insuficiente para cambiar la cultura patriarcal y que las barreras para denunciar han aumentado.
Finalmente, la legalización del aborto en Argentina, un hito importante en la lucha por los derechos de las mujeres, está en riesgo. Milei ha manifestado su oposición al aborto, alegando que es un «asesinato agravado por el vínculo». La abogada feminista Soledad Deza advierte que debido a la creciente estigmatización del aborto, las mujeres vuelven a tener miedo y vergüenza de interrumpir un embarazo no deseado, lo que se refleja en una caída drástica de las consultas.
En resumen, las medidas del presidente Milei están desmantelando los avances en igualdad de género y derechos civiles en Argentina, dejando a las mujeres y a la comunidad LGTBI+ en una situación de vulnerabilidad y peligro.
