La reciente polémica en torno al proyecto de la nueva Ley de Pesca en Chile, marco regulatorio que busca establecer nuevas bases para el sector pesquero en el país, ha generado un escándalo político de gran magnitud. Cristián Monckeberg, exministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante el gobierno de Piñera y expresidente de Renovación Nacional (RN), ha criticado con severidad las indicaciones propuestas por algunos diputados de su sector, las cuales son sorprendentemente similares a un informe del sector privado, específicamente de Sonapesca, gremio del sector pesquero.
El debate sobre las indicaciones de la nueva Ley de Pesca inició esta semana por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. El medio de comunicación Ciper reveló que el 76% de las propuestas de los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) son prácticamente idénticas a un informe de Sonapesca.
En reacción a la polémica, los diputados Berger y Moreira decidieron retirar sus firmas de las indicaciones. Berger, a través de un comunicado, expresó su descontento con la situación y aclaró que sus indicaciones buscaban representar las necesidades de la pesca artesanal en su región.
Monckeberg calificó la situación como un “papelón”, y durante una conversación con la radio Cooperativa, cuestionó la falta de aprendizaje en el proceso legislativo, recordando que en el pasado se han producido situaciones similares que resultaron en penas de cárcel.
La nueva Ley de Pesca tiene dos objetivos principales: establecer nuevas bases legales para el sector pesquero y abordar el proceso legislativo de la actual ley, afectada por casos de corrupción, como el del exsenador Jaime Orpis, condenado por fraude al fisco y cohecho, y el del exgerente general de Corpesca, Francisco Mujica, sentenciado por delitos tributarios y soborno.
La situación ha generado una fuerte crítica hacia los parlamentarios y ha reavivado el debate sobre la influencia de los grupos de presión en la elaboración de leyes en Chile. Durante la tramitación de la ley anterior, el marco legal fue aprobado con amplias ventajas para los grandes industriales, que para la opinión pública pasaron a ser conocidos como el grupo de “las siete familias” dueñas del mar, asociadas fundamentalmente en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, enfatizó que la nueva legislación no puede ser un traje a la medida para un sector y un despojo para otro. Tras el retiro de firmas de las indicaciones de los diputados Berger y Moreira, el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Jorge Brito (Frente Amplio), apuntó al diputado Bobadilla como principal autor de las indicaciones cuestionadas.
Tras la publicación de Ciper, los diputados del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri solicitaron la suspensión de la discusión, lo que finalmente fue acogido por la instancia parlamentaria. La comisión continuará la votación del articulado de la nueva Ley de Pesca en la semana del 1 de julio.
Por otro lado, Sonapesca respondió a las críticas recientes negando haber entregado indicaciones legislativas directas a parlamentarios respecto a la nueva Ley de Pesca. En una declaración pública, la entidad gremial enfatiza que su participación se limitó solamente a la presentación transparente de un estudio jurídico elaborado por una consultora especializada en temas pesqueros. Este informe fue formalmente ingresado a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados el 2 de mayo y publicado en su sitio web el 6 de mayo, siendo también compartido con autoridades del Ejecutivo.
