La Corte Suprema de Estados Unidos ha confirmado este viernes la validez de las restricciones al acceso a las armas de fuego para las personas condenadas por violencia de género. En un fallo que fue votado ocho a favor y uno en contra, los jueces han determinado que la legislación actual no infringe la Segunda Enmienda constitucional, que establece el derecho de los ciudadanos americanos a poseer y portar armas.
Este caso que ha sido tratado por el Tribunal se refiere a una ley establecida por el Congreso hace tres décadas, que prohibe a las personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica portar armas. Un hombre de Texas, llamado Zackey Rahimi, se encontraba bajo dichas restricciones después de amenazar a una mujer con un arma de fuego y disparar en público en cinco ocasiones distintas entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
Con este fallo, la Corte Suprema ha respaldado la posición del Gobierno de Joe Biden, que defendía la ley. La sentencia sugiere que es probable que algunas leyes antiguas sobre armas sobrevivan, a pesar de la decisión de la Corte de 2022 de ampliar los derechos sobre armas.
La resolución de 2022, en un caso conocido como la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York contra Bruen, estableció que las restricciones a las armas debían ser examinadas a través de una comprensión histórica del derecho a portar armas. Esta decisión provocó dudas sobre muchas restricciones de armas existentes que, según los defensores de los derechos de portar armas, no están basadas en la tradición histórica.
La Segunda Enmienda, que data de 1791, es uno de los derechos fundamentales salvaguardados en la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, ha sido objeto de un intenso debate en las últimas décadas debido a la ola de violencia con armas en el país. Los defensores de la Segunda Enmienda argumentan que las restricciones a las armas infringen su derecho constitucional a la autodefensa, mientras que los defensores del control de armas sostienen que las restricciones son necesarias para prevenir la violencia y proteger la seguridad pública.
Zackey Rahimi, el demandante en este caso, fue condenado por violencia doméstica y se le prohibió poseer armas bajo una ley federal de 1996. Rahimi argumentó que esta ley violaba su derecho a la autodefensa garantizado por la Segunda Enmienda. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó este argumento, afirmando que la ley es constitucional y que no infringe los derechos de Rahimi.
La decisión de la Corte Suprema es un hito importante en el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Aclara que las leyes que restringen el acceso a las armas para ciertas personas, como los condenados por violencia doméstica, son constitucionales y no violan la Segunda Enmienda. Esta decisión podría tener implicaciones significativas en futuros casos relacionados con las restricciones a las armas.
La decisión del Tribunal, respaldada por ocho de los nueve jueces, es un fuerte mensaje de que el Tribunal reconoce la necesidad de equilibrar el derecho a portar armas con la necesidad de proteger a la sociedad de la violencia con armas. Aunque la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas, este derecho no es absoluto y puede ser restringido de manera razonable para proteger la seguridad pública.
La decisión también es un golpe para los defensores de los derechos de portar armas, que han argumentado que las restricciones a las armas son inconstitucionales. Sin embargo, la Corte Suprema ha dejado claro que las restricciones razonables a las armas son legales y necesarias para proteger la seguridad pública.
En conclusión, la decisión de la Corte Suprema en este caso es un paso importante en la dirección correcta para el control de armas en Estados Unidos. Confirma que las leyes que restringen el acceso a las armas para ciertas personas son constitucionales y no violan la Segunda Enmienda. Esta decisión podría tener un impacto significativo en futuros casos relacionados con el control de armas y envía un mensaje claro de que el Tribunal reconoce la necesidad de equilibrar el derecho a portar armas con la necesidad de proteger a la sociedad de la violencia con armas.
