El sistema judicial chileno ha estado bajo una lupa intensiva en los últimos años, a medida que una serie de escándalos han llevado a cuestionamientos públicos sobre la independencia del Poder Judicial y su relación con la política. La opinión pública ha planteado cada vez más preocupaciones sobre la opacidad en el nombramiento de jueces, fiscales y notarios, y la posible influencia indebida en estos procesos. Estos son los puntos de vista del ex Comisionado Experto, Flavio Quezada, quien también es doctor en Derecho, académico e investigador de la Universidad de Tarapacá.
Según Quezada, la democracia chilena ha estado en crisis durante varios años. La ciudadanía, afirma, se siente distante de las instituciones democráticas, y ha habido un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de reformar el sistema judicial. \»En un estado democrático, todo poder público y su función jurisdiccional deben tener legitimidad democrática, deben ser reconducidos al poder popular, al poder del pueblo\», sostiene.
Abordando los recientes casos de tráfico de influencias en el Poder Judicial, Quezada los califica de \»inaceptables\». Señala que siempre ha sido partidario de la existencia de un Consejo para la Magistratura, similar a los que existen en otros países. Asimismo, critica el estado actual de las cosas, donde se nombran autoridades del Poder Judicial por razones que son \»oscuras, opacas, no sabemos qué se está ofreciendo por un lado o por otro\». Esto, argumenta, enfatiza la necesidad de una reforma importante y urgente.
Pero, ¿qué forma debería tomar esta reforma? Según Quezada, la respuesta puede encontrarse en las propuestas de la Convención Constitucional de 2022 y del Consejo Constitucional de 2023. Ambos propusieron reformas profundas en el sistema de nombramientos judiciales. En su opinión, se debe crear un órgano autónomo constitucionalmente que participe de manera protagónica en el nombramiento de jueces.
“Es necesario que la reforma que se impulse transparente todo tipo de consideraciones relevantes a la hora de nombrar jueces y que equilibren tres factores. En primer lugar, es importante asegurar los más altos estándares de cualificación técnica y profesional de quienes desarrollan la labor jurisdiccional. Además, el campo jurídico no es algo ajeno a la sociedad, por lo tanto, la diversidad que existe en la sociedad chilena se expresa también en el campo jurídico. Finalmente, en un Estado democrático todo poder público y su función jurisdiccional debe tener legitimidad democrática,” explicó Quezada.
En cuanto a la ratificación de nombramientos por el Senado, Quezada argumenta que el modelo actual equilibra la necesidad de participación de los distintos poderes del Estado en la conformación de los órganos superiores del Poder Judicial. Sin embargo, también aboga por un mayor escrutinio público y una mayor transparencia en el proceso de nombramiento.
La urgencia de reformar el sistema de nombramiento de jueces es evidente. Sin embargo, Quezada advierte que cualquier reforma debe ser cuidadosamente considerada y ponderada. Insta a los actores políticos a tomarse en serio la relevancia de esta reforma y a escuchar a quienes han trabajado a fondo estos temas, incluyendo a los propios jueces.
Quezada también abordó las críticas a las Fiscalías por estar supuestamente influenciadas por dinámicas políticas. Asegura que es imposible extraer la política de estas decisiones, pero critica la opacidad y la falta de transparencia en el proceso. \»Es importante que estas razones siempre sean públicas, que los ciudadanos podamos conocerlas, que sus argumentos sean puestos al escrutinio público,\» argumenta.
En cuanto a los recientes cuestionamientos relacionados con la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; la liberación del general (r) del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba; y la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, Quezada sostiene que la prisión preventiva no debe ser utilizada como una pena anticipada.
Finalmente, abordó el caso del presunto tráfico de influencias ejercido por el exjuez Juan Poblete, y la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Aseguró que el caso del conscripto Franco Rojas debe ser visto por la justicia civil, y criticó la falta de consideración del contexto político en la decisión de presentar la querella.
Con los continuos cuestionamientos y escándalos, Quezada afirma que el Poder Judicial y el Ministerio Público están en una crisis institucional. Sin embargo, también señala que según las encuestas y los estudios de opinión, Chile tiene buenos índices de Estado de Derecho. Aún así, sostiene que la ciudadanía se siente distante de las instituciones democráticas y que se necesita una reforma del sistema judicial.
