El fútbol español se encuentra en un momento crítico debido a las recientes acusaciones y propuestas de sanciones que podrían cambiar drásticamente el panorama del deporte. El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD), un organismo encargado de resolver litigios relacionados con el deporte, ha propuesto una sanción severa para el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha. Esta propuesta surge en respuesta a una serie de faltas graves atribuidas a Rocha durante su mandato al frente de la Comisión Gestora de la Federación.
El TAD ha propuesto una inhabilitación de seis años para Rocha, un castigo que, si se aplica, impedirá al actual presidente continuar en su cargo. Esta propuesta de resolución llega tras la elevación del Consejo Superior de Deportes de una denuncia presentada por Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), contra Rocha por decisiones que, según Galán, no corresponden al presidente de una comisión gestora.
El tribunal ha considerado probadas tres faltas muy graves por parte de Rocha, todas relacionadas con abuso de autoridad. La primera se refiere al cese del Secretario General de la RFEF, Andreu Camps, el 20 de septiembre de 2023. La segunda falta concierne la rescisión del contrato con la firma de abogados GC Legal. Finalmente, la tercera falta se atribuye a la personación de la RFEF como acusación particular en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Majadahonda.
El TAD ha propuesto sancionar a Rocha con dos años de inhabilitación por cada una de estas faltas, lo que resulta en un total de seis años. Aunque esta es solo una propuesta en este momento, si se aprueba, podría tener implicaciones significativas para el fútbol español.
El último caso en el que se ha involucrado la RFEF, conocido como el caso Brody, está relacionado con los supuestos contratos fraudulentos de la Federación durante la época de Luis Rubiales, principalmente en lo que respecta a la gestión de la Supercopa y ciertas reformas en infraestructuras federativas. En este caso, Rocha comenzó compareciendo como testigo, pero la jueza instructora, Delia Rodrigo, decidió cambiar su condición a imputado tras tomarle declaración.
Galán, que presentó la denuncia contra Rocha, ha expresado que la inhabilitación del actual presidente es un paso necesario para iniciar una regeneración en el fútbol español. Según Galán, el objetivo es llevar a cabo unas elecciones limpias y democráticas para el cargo de presidente de la RFEF.
Galán ha argumentado que la Federación necesita una limpieza de corrupción, y considera a Rocha como el último bastión de Rubiales. De hecho, Galán ya había denunciado previamente el incumplimiento en los plazos por parte de la Comisión Gestora a la hora de convocar elecciones a presidente de la RFEF.
El futuro del fútbol español podría estar en juego dependiendo del resultado de esta propuesta de sanción. Si Rocha es finalmente inhabilitado, se abrirá una nueva era en la Federación, con la necesidad de elegir un nuevo líder que pueda guiar al organismo y al deporte en general hacia un futuro más transparente y democrático.
