El Gobierno de China ha lanzado una amenaza contundente contra los defensores de la independencia de Taiwán, advirtiendo que los «partidarios duros» de la separación podrían enfrentar incluso la pena de muerte. Esta medida, que representaría la máxima condena para aquellos que buscan la secesión de la isla, fue anunciada a través de directrices publicadas por las máximas autoridades judiciales y gubernamentales de China y ampliamente difundidas por los medios estatales.
Las nuevas directrices, que han entrado en vigor inmediatamente después de su publicación, representan un nuevo punto de presión contra la isla democrática de Taiwán. Sin embargo, el gobierno de Taipéi ha respondido de manera rápida y enfática a estas amenazas, reiterando que Pekín no tiene jurisdicción sobre su territorio y calificando las directrices de «burda provocación».
La publicación de estas directrices se produce un mes después de que Lai Ching-te, a quien China considera un secesionista «peligroso», asumiera el cargo de presidente de Taiwán. En su discurso de investidura, Lai afirmó que la República de China (nombre oficial de Taiwán) y la República Popular China «no están subordinadas la una a la otra», una afirmación que provocó la ira de Pekín y desencadenó maniobras bélicas alrededor de la isla.
China considera a Taiwán como una parte inalienable de su territorio y la ve como una provincia rebelde que busca unificar pacíficamente, aunque no descarta el uso de la fuerza si es necesario. Según Wang Wenbin, portavoz de exteriores de China, las maniobras militares que siguieron al discurso de Lai tenían como objetivo «salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China y castigar eficazmente las actividades secesionistas».
Las nuevas directrices instan a tribunales, fiscalías, órganos de seguridad pública, de seguridad del estado y administrativos a castigar «severamente a los partidarios duros de la independencia de Taiwán por dividir el país e incitar a cometer delitos de división del país». La guía establece que «un número muy reducido» de defensores incondicionales de la separación han llevado a cabo actividades secesionistas «que ponen en grave peligro la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y perjudican seriamente los intereses comunes de los compatriotas a ambos lados del estrecho y los intereses fundamentales de la nación china».
Entre los actos delictivos de división del país, las directrices incluyen «iniciar o establecer organizaciones separatistas de independencia de Taiwán, llevar a cabo acciones separatistas, intentar cambiar la situación legal de Taiwán como parte de China mediante enmiendas a la normativa de Taiwán o referendos». También se contemplan delitos como abogar por la entrada de Taiwán en organizaciones internacionales limitadas a Estados soberanos o participar en intercambios oficiales y contactos militares en el extranjero con el objetivo de crear «dos Chinas» o «una China, un Taiwán» en la comunidad internacional.
Además, el texto señala que a los líderes o aquellos que cometan delitos relevantes se les puede imponer cadena perpetua o una pena de prisión de más de 10 años. Aquellos que causen «daños especialmente graves al Estado y al pueblo» podrían enfrentar la pena de muerte. Por otro lado, aquellos que solo sean considerados «participantes activos» pueden enfrentarse a penas de prisión de entre 3 y 10 años.
Frente a estas amenazas, el Gobierno de Taiwán ha reiterado que las autoridades de Pekín no tienen «absolutamente ninguna jurisdicción sobre Taiwán», y que las leyes y normas del Partido Comunista Chino no tienen fuerza vinculante para su pueblo. A través de un comunicado del Consejo de Asuntos del Continente, encargado de las cuestiones del estrecho, Taipéi ha pedido a su población que permanezca tranquila y no se deje intimidar por estas amenazas.
