El jueves amaneció con una conmoción política en Venezuela cuando diez alcaldes electos descubrieron que habían sido inhabilitados para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años. Esta medida fue tomada por la Contraloría General de la República y fue implementada de inmediato por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo encargado de organizar las elecciones presidenciales que se celebrarán el 28 de julio. Esta sanción se produce casi de inmediato después de que estos funcionarios manifestaran su apoyo público al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, durante sus recientes giras de campaña.
Los alcaldes afectados son Heriberto Tapia, José Carrillo, Dilcia Rojas, Keiver Peña, Servando Godoy, Wilmer Delgado, Yohanthi Domínguez y Francisco Aguilar, todos del estado de Trujillo, en el suroeste del país, en la región de los Andes venezolanos. También se vetó a Iraima Vásquez y José María Fermín en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Todos son miembros de partidos opositores al chavismo.
En el sitio web del CNE, una inscripción señala que cada uno de ellos “presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional vigente”. Heriberto Tapia, alcalde del municipio de Motatán, expresó su protesta en las redes sociales, mostrando una captura de pantalla que informa sobre su veto.
Mientras tanto, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, asumió la responsabilidad y confirmó la detención e imputación de otros cinco activistas de la oposición vinculados a los partidos Vente Venezuela y Voluntad Popular, que ocurrió entre el fin de semana y el lunes pasado. Se sabe que algunos ya están recluidos en la Cárcel de El Helicoide, en Caracas. Se les acusa de “incitación al odio”.
Saab argumentó que una manifestación de la oposición en la población costera de Maiquetía, cerca del aeropuerto internacional Simón Bolívar, ingresó a un puesto de control militar «mediante el uso de la fuerza», y mantuvo la zozobra y generó terror en los habitantes de la zona. Según Saab, este tipo de conductas no se tolerarán en el país.
Las inhabilitaciones políticas se han convertido en una medida habitual en el chavismo, que ya tiene a amplias capas de la dirección opositora con prohibiciones para optar a cargos públicos. El caso más conocido es el de María Corina Machado, hoy la política más popular de Venezuela, quien no pudo asumir su investidura como candidata presidencial a pesar de haber sido electa en una consulta popular abierta a toda la ciudadanía.
González Urrutia condenó la medida y expresó su apoyo a los alcaldes inhabilitados: “La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente”. María Corina Machado también envió un mensaje al chavismo en las redes sociales: “Entiéndanlo: esto ya cambió. Los alcaldes, de todos los partidos, lo saben. Quien se oponga a este movimiento popular será realmente inhabilitado, por el pueblo”.
Mientras tanto, González Urruita y otros candidatos opositores acudieron al CNE para firmar el acuerdo de “Reconocimiento de Resultados” de las elecciones. A pesar de la presión, González es, a día de hoy, el único candidato con posibilidades reales de vencer al presidente chavista.
