La reciente reunión celebrada entre las distintas facciones parlamentarias de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados en Chile estuvo lejos de ser pacífica. La sesión fue presidida por el ministro de Energía, Diego Pardow, quien fue llamado a aclarar los próximos aumentos en las facturas de electricidad.
A pesar de haber obtenido 101 votos favorables en la Cámara Baja, 11 rechazos y 20 abstenciones, y una aprobación unánime en el Senado, la Ley de Estabilización enfrentó críticas de parlamentarios que cuestionaron la falta de transparencia del ministro en la comunicación sobre los aumentos en las facturas de luz. Estos aumentos fueron prometidos como una forma de mitigar los aumentos mucho mayores previstos por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en sus informes preliminares de 2023 y principios de 2024, que proyectaban incrementos de entre el 8% y el 88% en el monto total de las facturas, como resultado de la implementación de la llamada Ley PEC2, que extendió la congelación de las tarifas al público.
Además de la descongelación de las tarifas eléctricas, existen dos procesos pendientes que podrían afectar el costo final para los consumidores: la publicación de un nuevo decreto que establece los valores de la distribución y otro que fija los cargos por transmisión. Ambos decretos han sido publicados en los últimos días, y Pardow anunció que este viernes se publicará el Informe Final de Precio Nudo Promedio, que establecerá el nuevo escenario tarifario eléctrico.
Los diferentes cálculos presentados por varias consultoras en las últimas semanas han aumentado la presión parlamentaria sobre la gestión de Pardow. Los parlamentarios están exigiendo medidas para controlar los aumentos acumulados en las facturas de luz durante los últimos cuatro años e incrementar los montos del subsidio creado para suavizar el proceso de sinceramiento tarifario eléctrico.
La reunión también estuvo marcada por la preocupación sobre el impacto que tendrán los nuevos precios de la electricidad en el costo de vida. Coincidiendo con esta reunión, el Banco Central (BC) ajustó al alza su proyección de inflación para 2024 y 2025, tomando en cuenta el impacto de los aumentos en las facturas de luz. Según el BC, los hogares chilenos podrían ver un aumento promedio del 57% en sus facturas de electricidad en los próximos 12 meses, seguido de una disminución del 9% el año siguiente.
Pardow, en respuesta a estas proyecciones, lanzó un inusual desafío al BC, al señalar que los Informes de Política Monetaria (Ipom) anteriores no habían tenido en cuenta el efecto en la estabilidad de los precios, a pesar de las advertencias hechas por la CNE en al menos dos ocasiones.
«Esta ley que estamos implementando no genera nueva deuda. La deuda ya existe y las alzas ya existían. El impacto en la inflación de la Ley PEC 2 era muy similar al de esta Ley (de Estabilización). En ese sentido, la razón por la cual el BC no decidió incluir en sus IPoM los efectos de la Ley PEC 2 es algo que yo desconozco, es una pregunta que se le tiene que hacer al BC, pero esto fue una ley vigente, publicada en el Diario Oficial por un año, y en el proceso de implementación decidimos hacer esta nueva ley, precisamente por los efectos que tenía en las pymes», argumentó Pardow.
El ministro defendió que los efectos de la nueva normativa sobre la inflación «son muy similares» a los que hubiera tenido la anterior Ley PEC2, y recordó que un informe de Clapes UC presentado durante la tramitación del proyecto «mostraba un efecto muy similar al que ha incorporado en su IPoM el Banco Central», por lo que enfatizó que «no hay una gran diferencia entre lo que fue la Ley PEC2 y esta Ley de Estabilización, y creo que asignar a la Ley de Estabilización una responsabilidad en el efecto de inflación es equívoco porque la ley anterior tenía exactamente el mismo efecto».
Durante la sesión con los diputados, hubo múltiples críticas a la gestión de Pardow en la comunicación del nuevo escenario tarifario. Las críticas provinieron de todas las facciones parlamentarias, tanto oficialistas como de la oposición, y se centraron tanto en el proceso de postulación al subsidio eléctrico como en la magnitud real de los aumentos. De hecho, ya se escuchan voces en el Congreso pidiendo que se avance en una interpelación contra el ministro de Energía.
Pardow respondió a estas críticas presentando cifras detalladas por cada región, comparando los aumentos en las facturas finales, con y sin la ley de estabilización. Entre otros datos, reveló que el primer aumento, que se producirá en julio, significará un aumento en las facturas de la Región Metropolitana de entre el 9% y el 19%, dependiendo del nivel de consumo de cada cliente. El segundo aumento, previsto para octubre, será de entre el 21% y el 33% en relación al nivel actual. Y en enero de 2025, las facturas serán entre un 34% y un 53% más altas de lo que son con las tarifas actualmente vigentes.
A pesar del nivel de detalle de la información proporcionada por Pardow, los parlamentarios mantuvieron sus críticas. El diputado PPD Cristián Tapia dijo que «estas tablas hay que simplificarlas», y aprovechó para recordar que algunos diputados piden revisar los contratos con las generadoras eléctricas como medida para moderar los aumentos, «porque creemos todavía que es muy caro lo que están cobrando». También criticó la falta de disposición del Ejecutivo para avanzar en negociaciones con las empresas eléctricas. «Le pedimos tener contemplación con nuestra gente, pero se negaron rotundamente», dijo.
La diputada Marisela Santibañez planteó una cuestión diferente: «Cuando se eliminó el límite de invierno, se dijo que era la oportunidad de usar calefactores eléctricos más sostenibles. ¿Qué le decimos a la gente ahora con estas alzas?«, preguntó, recordando además que estos aumentos pueden afectar a los hogares con personas electrodependientes, donde aseguró que «la mayoría de están morosos».
El diputado UDI Marco Sulantay pidió simplificar la postulación al subsidio, ya que «se hace engorrosa para el segmento porque no tienen internet», y pidió «eliminar la postulación directamente y hacerlo de acceso automático». Por su parte, el diputado RN Andrés Celis destacó que hay «600 mil personas morosas, casi todas dentro del 40% de vulnerabilidad: ¿qué pasa con ellos que no van a poder tener este beneficio?».
El único contrapunto en la reunión fue proporcionado por el diputado del FRVS, Jaime Mulet. «Aquí no hay que ser hipócritas con la ciudadanía, porque la acumulación de esta deuda con el sector eléctrico de casi US$ 6.000 millones tiene que ver con cuatro años, con dos proyectos de ley, uno se aprobó en el gobierno de Piñera y otro en el del Presidente Boric, con el ministro de Energía anterior y entiendo que el apoyo fue transversal en los dos», comenzó en su intervención.
Mulet instó a avanzar en la mesa técnica para encontrar el financiamiento que permita ampliar el subsidio. «Para bajar el precio de la energía hay que tener dinero para pagar más subsidios, alguien tiene que pagar la cuenta«, dijo, y se mostró de acuerdo con que «no debemos hacer que los ciudadanos paguen la cuenta, especialmente los más modestos y las pequeñas empresas, pero la cuestión es de dónde obtenemos el dinero». En este sentido, instó a sus colegas a considerar el aumento del impuesto verde como un «impuesto correctivo», una propuesta que tanto el Senado como la Cámara habían rechazado.
