Este miércoles, se reveló que la Secretaría General de Gobierno (Segegob), bajo el liderazgo de Camila Vallejo del Partido Comunista, estableció un contrato directo con la empresa Datavoz. Según informó la radio Biobío, el acuerdo se refiere a la realización de encuestas y el monto asociado es de aproximadamente $244 millones.
En respuesta a consultas sobre el contrato, la ministra vocera señaló que «estos contratos son públicos. Están en el portal de compras públicas, cualquier persona puede acceder a estos contratos y los modos». Vallejo se refirió al artículo 10, número 7, letra D, del DS N°250 del 2004, que corresponde a la ley 19.086, que permite que algunos contratos sean exceptuados de licitaciones debido a su naturaleza especial.
Vallejo explicó que «todos estos tipos de estudios y focus que se hacen a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, gobierno tras gobierno, son de carácter reservado y estratégico hasta que terminan los períodos de gobierno. Duran cuatro años porque tiene contenido estratégico que después se libera». En cuanto al propósito de estos estudios, la ministra indicó que «son mediciones cuyos resultados son de carácter reservado y es para adecuar mejor la política pública».
A pesar de las explicaciones de la ministra, surgieron inquietudes sobre el estudio, el contrato directo y el significativo gasto público, generando una serie de reacciones.
PARLAMENTARIOS EXIGEN TRANSPARENCIA
La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, criticó que «este Gobierno y particularmente la Segegob ha hecho un uso abusivo de los recursos destinados a estudios y estadísticas. No hay urgencia que demande trato directo en un servicio que ofrecen múltiples oferentes y en los que se está desembolsando cuantiosos recursos públicos».
Ossandón cuestionó el secretismo de los servicios requeridos y acusó a la administración de vulnerar sistemáticamente las normas de compras públicas. Exhortó a la Contraloría a poner fin a este supuesto abuso.
La parlamentaria independiente, Marlene Pérez, exigió al Gobierno una explicación. «Es preocupante que no se haya convocado una licitación para un servicio que muchas empresas podrían ofrecer, generando dudas de la transparencia y equidad en la asignación de este contrato».
Pérez sostuvo que «este tipo de procedimientos irregulares no es nuevo, el Gobierno ha mostrado falta de claridad en acuerdos, en contrataciones y convenios anteriormente. En nombre de la transparencia y la confianza pública, se debe explicar por qué se evitó una licitación abierta y revelar los objetivos del contrato. La ciudadanía merece saber que sus recursos se usan de manera justa y sin favoritismo».
Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, José Durana, calificó como «impresentable» este «acuerdo millonario por trato directo que hace la Segegob con Datavoz para la realización de Focus Group. Son cerca de $244 millones de pesos y habría que ver si estos 44 estudios remotos realmente existen y no fueron utilizados para búsqueda y selección de candidaturas políticas».
La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, expresó su indignación al indicar que mientras «en Panguipulli no son capaces de pagar el subsidio de arriendo a 60 familias durante siete meses, el Gobierno sigue gastando plata en tonteras. Plata hay, el problema es que la están botando y robando».
Estas reacciones reflejan el creciente malestar entre algunos sectores políticos y de la sociedad civil respecto a las decisiones de gasto y contratación del Gobierno. Sin embargo, aún no se ha proporcionado una respuesta oficial a estas críticas.
