El escenario de la justicia chilena ha estado marcado recientemente por una serie de controversias y acusaciones de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial vinculadas a la designación de miembros de la Corte Suprema y otras instancias judiciales. Este hecho ha llevado a los ministros del máximo tribunal a suspender su agenda y celebrar un pleno extraordinario en el que se debatió durante casi seis horas la necesidad de reformas y se acordó la creación de una mesa de trabajo para elaborar propuestas.
La vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, ha destacado la importancia de separar la función jurisdiccional de la administrativa y ha hablado de la necesidad de la creación de un organismo que se establezca para tal efecto. Melo ha señalado que la Corte Suprema ha estado trabajando en mecanismos de transparencia y objetividad en la selección de oponentes.
Las filtraciones de chats que dieron origen a la polémica vinculan a las ministras María Teresa Letelier y Ángela Vivanco, y al ex juez Juan Antonio Poblete. Ante esto, Melo ha informado que el tribunal ha considerado necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial que la Corte Suprema comenzó a elaborar en abril pasado y que ahora requerirá nuevas modificaciones.
Para hacer frente a las acusaciones y fortalecer los mecanismos de transparencia, se ha acordado constituir una mesa de trabajo con representantes de las distintas salas del máximo tribunal para realizar propuestas en torno a concursos y nombramientos. En este proceso podrán participar el ministro de Justicia, Luis Cordero, y los miembros de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y la Cámara de Diputados.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se ha mostrado partidario de sacar al Poder Judicial de algunos nombramientos. Según Cordero, existen conversaciones internas en los procesos de nombramiento e incluso comunicaciones con terceros que actúan como intermediarios para este proceso. Según Cordero, la solución a estas prácticas inadecuadas pasa por reformar el sistema de nombramientos y evitar incentivos a conductas impropias.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha valorado el pleno extraordinario de la Corte Suprema. La directora del INDH, Consuelo Contreras, ha indicado que su objetivo es asegurar el debido proceso y la imparcialidad de los tribunales y jueces en las causas de derechos humanos. Contreras ha señalado que el tráfico de influencias afecta dos querellas presentadas por el INDH y ha expresado su interés en que la Corte Suprema esté trabajando en este tema, que considera una muestra de la importancia que le dan a la transparencia.
Además, el INDH ha presentado una querella el pasado 11 de junio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con el objetivo de resguardar las causas en las que son intervinientes y destapar posibles irregularidades en nombramientos judiciales, que involucrarían a los distintos poderes del Estado.
