En un reciente desarrollo, Sebastián Parraguez, ex miembro del Consejo Constitucional y miembro del Partido Republicano, enfrentó una situación de posible linchamiento en el Liceo Rupanic, tras ser acusado de supuesto abuso sexual contra dos menores de edad. Los estudiantes, al enterarse de las acusaciones, reaccionaron lanzando piedras contra el militante republicano, quien se vio obligado a abandonar el establecimiento.
Las dos menores afectadas presentaron la denuncia ante la Policía de Investigaciones, argumentando que Parraguez, un kinesiólogo de profesión, abusó de ellas aprovechándose de su posición como docente en el liceo. Esta acusación, sin duda, ha causado un gran revuelo tanto en la comunidad escolar como en el público en general, ya que ha implicado a un destacado miembro del Partido Republicano.
El subprefecto Fermín Escobar, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI Iquique, proporcionó más detalles sobre las acusaciones, explicando que se habían recibido «dos denuncias por el delito de abuso sexual mayor de 14 años, cuyos hechos habrían ocurrido al interior de un colegio de Alto Hospicio, y donde dos NNA denuncian haber sido víctimas de abuso por parte de un docente del establecimiento educacional”.
En respuesta a estas graves acusaciones, el fiscal adjunto de Alto Hospicio, Cristóbal Platero, anunció la apertura de una investigación y la puesta en marcha de las primeras diligencias. Según Platero, tanto la fiscalía como la Policía de Investigaciones habían recibido denuncias de supuestos abusos sexuales contra adolescentes en el colegio de Alto Hospicio. Los abusos señalados habrían sido perpetrados por un profesional, específicamente un kinesiólogo y docente del colegio.
Este incidente ha suscitado una ola de indignación y preocupación entre la comunidad, no solo por las alegaciones de abuso sexual sino también por la reacción violenta de los estudiantes. El incidente ha planteado preguntas sobre la seguridad y el bienestar de los estudiantes dentro del ambiente escolar, así como el papel de los docentes y otros profesionales en la protección de los menores.
La violencia de género, que incluye el abuso sexual, es un problema persistente en la sociedad. Aquellos que son víctimas o testigos de violencia económica, psicológica, obstétrica, física o sexual pueden recibir orientación gratuita y confidencial en el número 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). También se puede llamar al +569 9700 7000 o al Fono Denuncia Segura: 600 400 0101.
En el caso de que se necesite apoyo psicológico, social o legal, existen Centros de la Mujer en todo el país que ofrecen este tipo de asistencia. Es importante recordar que nadie debe sufrir en silencio y que hay recursos disponibles para ayudar a las víctimas de la violencia de género.
Es crucial que se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de estas acusaciones. Si se determina que son ciertas, es esencial que se tomen las medidas apropiadas para garantizar que se haga justicia y para proteger a otros estudiantes de posibles abusos. A medida que avanza la investigación, es importante que todos los implicados cooperen plenamente con las autoridades para garantizar un juicio justo y equitativo.
Este incidente sirve como un importante recordatorio de la necesidad de mantener seguros a nuestros niños y jóvenes, y de la responsabilidad que todos compartimos para proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad. También resalta la importancia de la educación y la sensibilización sobre la violencia de género y el abuso sexual, para prevenir estos incidentes en el futuro.