El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha estado en el centro de la polémica la última semana, tras su decisión de presentar una querella por presunto tráfico de influencias en la designación de ministros para la Corte Suprema. Esta acusación ha causado un revuelo considerable y ha sido objeto de reproches. El lunes, el acta de la sesión en la que el Consejo del organismo discutió presentar dicha querella fue liberada.
La liberación del acta había sido solicitada por diferentes sectores, ya que la acción judicial llevada a cabo por el INDH fue interpretada por algunos como un «plan» para afectar a la derecha política. Mario Desbordes, candidato a alcalde de Santiago por Renovación Nacional (RN), sugirió que la querella podría ser una estrategia del Partido Comunista (PC) para desprestigiarlo.
Aunque la querella no apunta directamente a Desbordes -sino a todos los responsables-, el exdiputado y exministro es mencionado en varias ocasiones. Según informó Ciper, se sugiere que el exjuez Juan Antonio Poblete pudo haber promovido la designación de la ministra María Teresa Letelier para ocupar un puesto en la Corte Suprema a través de Desbordes.
Además, consejeros y parlamentarios de Chile Vamos habían sostenido que la Fiscalía estaba tras la querella. Esto quedó al descubierto con la publicación del acta. En ella, se menciona que Pablo Rivera, coordinador nacional de litigio de la Unidad de Protección de Derechos de la entidad, tuvo una conversación clave con el fiscal Jaime Retamal.
Según el acta, Rivera informó que la Fiscalía había enviado un informe de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) el martes por la tarde. Este informe, que se realizó en el marco de las operaciones «Topógrafo» y «W», contenía información sobre interceptaciones telefónicas espurias. Rivera señaló que se habían rescatado conversaciones de WhatsApp delicadas, lo que llevó al fiscal a abrir el informe.
El fiscal Retamal, según continúa el acta, compartió el informe y luego informó bajo reserva que, debido a los hechos, había tenido que elevarlo a la Fiscalía Regional. Desde allí, el informe fue elevado a la Fiscalía Nacional, donde fue asignado a un abogado asesor de la Unidad Anticorrupción para estudiar los hechos de corrupción involucrados.
Tras la publicación del acta, desde la oposición destacaron el «activo rol» del fiscal en el caso. Desbordes, tras corroborar los antecedentes, anunció que presentará una querella por prevaricación contra los consejeros del INDH. «En primer lugar queda en evidencia que la directora [del INDH] faltó a la verdad cuando señaló que para la presentación de esta querella sólo tuvo a la vista el artículo de Ciper. Esta acta demuestra que sí tenían el informe reservado de la Policía de Investigaciones. En segundo lugar, es claro que acá hay actos reñidos con la ley de parte del fiscal», afirmó Desbordes.
Además, el exministro manifestó que mantiene serias dudas con sus abogados sobre el momento en que la Fiscalía entregó el informe pericial de la PDI al INDH. «Tenemos sospecha fundadas de que esto fue antes que al resto de los intervinientes», apuntó. Desbordes confirmó que presentará una querella contra el INDH y pedirá que se incaute el audio de la sesión del Consejo, ya que el INDH se ha negado a entregarlo.
En el acta también se recoge que, tras la exposición de Rivera, los consejeros del INDH terminaron aprobando la presentación de la querella, con siete votos a favor y cuatro abstenciones, a pesar de las objeciones presentadas por algunos de los miembros. Entre los que se abstuvieron se encontraban Ignacio Covarrubias, Beatriz Corbo y Sebastián Donoso, quienes argumentaron que el INDH no tenía competencia para querellarse en este caso.
Quienes votaron a favor de la querella argumentaron que la gravedad de los presuntos delitos justificaba la acción del INDH. La consejera Constanza Valdés destacó que estos hechos habían sido cometidos por agentes del Estado y sugirió que podrían ser un indicio de un patrón sistemático de tráfico de influencias en el Poder Judicial. En la misma línea, el consejero Juan Carlos Cayo sostuvo que los hechos comprometían la seguridad democrática al ir en contra de la independencia judicial.
