En el panorama político chileno, el exministro Mario Desbordes ha presentado una querella contra los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un presunto delito de prevaricación. En su denuncia, Desbordes argumenta que los consejeros actuaron de manera ilegal y manipularon el sentido del delito de tráfico de influencias, lo cual, según él, señala la existencia de motivos ocultos detrás de su decisión.
El conflicto surge a raíz de la decisión de los consejeros de presentar una querella tras un reportaje de Ciper que reveló conversaciones entre el exministro Juan Antonio Poblete y Desbordes. En estas, Poblete solicita el apoyo político de Desbordes para la carrera a la Corte Suprema de su amiga, la magistrada María Teresa Letelier.
Desbordes, quien también fue ministro de Defensa, pide que se investigue a quienes decidieron presentar la querella, ya que aunque no menciona nombres específicos, dice que se le menciona 30 veces en la querella. Desbordes ha solicitado que se incaute el audio de la sesión del INDH en la que se acordó presentar la querella, ya que está convencido de que hubo una injerencia directa de la Fiscalía en la decisión del organismo liderado por Consuelo Contreras.
Además, en su querella, Desbordes solicita que se cite a declarar a la Jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, y su subalterno, el fiscal Jaime Retamal, quien investiga el caso conocido como «Operación Topógrafo», desde donde se obtuvieron los chats de Poblete, quien hoy está preso por autorizar interceptaciones ilegales a periodistas y exmilitares.
La querella de Desbordes también apunta a uno de los consejeros, Francisco Ugás, quien además es parte en la causa como querellante particular. Desbordes solicita que Ugás sea citado a declarar sobre si tuvo acceso al informe de la BRIAC y si lo hizo en su calidad de abogado y representante de Rafael Harvey.
Desbordes ha expresado que cree que detrás de esta decisión del INDH hay una operación política que busca frenar su aspiración a la alcaldía de Santiago y favorecer la reelección de la actual jefa comunal, Irací Hassler. Sostiene que la acción penal iniciada contra él es injustificada y que el INDH no tiene legitimidad para presentar la querella.
El exsecretario de Estado también afirma que aunque el INDH ha intentado justificar la acción, el delito de tráfico de influencias no está relacionado con la función que el INDH tiene de promover y garantizar los derechos humanos en el país. Desbordes sostiene que, a pesar de los eufemismos utilizados por el Consejo, él tiene la calidad de imputado.
Sobre las conversaciones reveladas por Ciper con el exministro Poblete, Desbordes asevera que no hay ningún delito y que él no tenía ningún cargo de autoridad en ese momento. Considera que la gestión que se le solicitó era normal cuando llegaban propuestas del Ejecutivo al Congreso.
Desbordes reitera que el INDH sabe que en su caso no hay delitos, pero lo incorpora en la querella con una finalidad 100% política, transgrediendo sus atribuciones y violando el marco legal que debería respetar. Por eso, se está querellando contra quienes aprobaron esto sabiendo que no tenían atribuciones.
Finalmente, Desbordes critica nuevamente al Ministerio Público. Afirma que en el acta aparecen una serie de irregularidades y que está estudiando y analizando la actuación de la Fiscalía. Asegura que a su juicio, la Fiscalía ha cometido una infracción grave a la obligación de objetividad y que no descarta iniciar acciones legales contra la Fiscalía Centro-Norte, específicamente contra la unidad que depende de la fiscal Ximena Chong. Su abogado es Agustín Mardones, quien también es un ex carabinero y ha llevado adelante varias causas con éxito en donde ha enfrentado al INDH.