El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó oficialmente nuevas medidas que permitirán regularizar la situación de migrantes irregulares casados con ciudadanos estadounidenses desde hace más de 10 años. Este es considerado por el Gobierno de EE. UU. como el cambio más significativo en el sistema migratorio en más de una década.
“Los pasos que doy hoy cuentan con el apoyo abrumador del pueblo estadounidense”, declaró Biden durante un evento en la Casa Blanca para conmemorar el 12º aniversario del programa conocido como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Esta política protege de la deportación a cientos de miles de migrantes que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.
Las nuevas medidas de Biden buscan mostrar un contraste drástico con su rival y expresidente, Donald Trump. Trump ha prometido deportaciones masivas de migrantes irregulares si regresa a la Casa Blanca y ha descrito a los migrantes como “veneno para la sangre de este país”. Durante su mandato, las medidas que implementó resultaron en la separación de familias de migrantes irregulares.
Según la Casa Blanca, cerca de medio millón de personas podrían beneficiarse de los cambios, que se espera que entren en vigor a finales del verano. Los cambios también facilitarán que personas sin permisos, incluidos los jóvenes inmigrantes irregulares conocidos como dreamers (soñadores), que hayan graduado de una universidad estadounidense y tengan una oferta de empleo, puedan tramitar un visado de trabajo con mayor rapidez.
La regularización también se aplicará a los hijos menores de 21 años del cónyuge irregular que también hubiesen entrado sin papeles en el país, si cumplen una serie de requisitos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que unos 50.000 jóvenes podrían beneficiarse de las nuevas disposiciones.
En general, los extranjeros casados con estadounidenses tienen derecho a un permiso de residencia, la célebre green card. Pero si han entrado de manera irregular en el país, deben salir y esperar hasta una década o más para presentar su solicitud en un consulado estadounidense. Algo que, en la práctica, hacía que muchos en esa situación descartaran regularizarse. Las nuevas medidas les permiten solicitar una autorización excepcional, conocida en inglés como “parole in place”, que les permitirá procesar sus papeles sin necesidad de salir de Estados Unidos. Si su petición es aceptada, estarán protegidos ante una deportación y recibirán un permiso de trabajo.
“Este nuevo proceso permitirá a ciertos cónyuges y niños solicitar un permiso de residencia legal ―un estatus al que ya tienen derecho― sin tener que salir del país”, declaraban dos altos cargos estadounidenses en una conversación telefónica con periodistas para detallar la reforma. “Estas acciones promoverán la unidad familiar y fortalecerán nuestra economía, aportando un beneficio significativo al país y ayudando a los ciudadanos estadounidenses y a sus familias a permanecer juntos”.
Para poder acogerse a la autorización excepcional, los inmigrantes tendrán que estar legalmente casados con un ciudadano o ciudadana estadounidense desde al menos el 17 de junio de 2024, un día antes del anuncio oficial de las medidas. No deberán representar una amenaza a la seguridad nacional del país y llevar viviendo en Estados Unidos al menos diez años.
El Departamento de Seguridad Nacional calcula que los inmigrantes que pueden beneficiarse de la nueva normativa llevan residiendo en el país una media de 23 años. La mayoría de los que se beneficiarán proceden de México o Centroamérica, los lugares de origen más comunes de los extranjeros que entraron en Estados Unidos hace más de una década.
Aquellos a los que el DHS conceda la autorización tendrán un plazo de tres años para tramitar su residencia permanente. Mientras tanto, disfrutarán de un permiso de trabajo y estarán protegidos contra la posibilidad de una expulsión. Los detalles exactos del proceso, incluido su coste, y cómo acogerse a él, se publicarán en un aviso del Registro Federal, el boletín oficial de la Administración, “para finales de verano”.
Las medidas que oficializará Biden incluyen también pasos para permitir a los beneficiarios de DACA, entre otros, a tramitar más rápidamente el visado de trabajo si tienen un título superior de una Universidad estadounidense y han recibido una oferta de empleo de alta cualificación.
Las nuevas disposiciones suponen un gesto hacia la comunidad latina apenas dos semanas después de que Biden proclamara, también en la Casa Blanca, la firma de una orden ejecutiva que limita el derecho de asilo y permite cerrar la frontera con México si los cruces ilegales detectados superan los 2.500 diarios durante una semana, una cifra muy por debajo de la que venía detectando la Patrulla Fronteriza.
Los cambios que se formalizan este martes benefician a las familias de estatus mixto, con una parte de los miembros en situación legal en Estados Unidos, y parte no. Son un colectivo que durante años se había quejado de que había quedado en una especie de caja negra de olvido, sin poder acogerse a otras medidas para regularizar su situación.
Las nuevas disposiciones legales son también de las más fáciles para la Administración de Biden. La opinión pública es generalmente favorable a que los cónyuges en situación irregular de ciudadanos estadounidenses puedan normalizar su estatus. Es una opinión positiva que contrasta con un endurecimiento generalizado de los puntos de vista de los votantes sobre la inmigración ilegal; combatirla es una de las grandes prioridades de cara a las elecciones de noviembre que declaran los encuestados una y otra vez en los sondeos.
